La Provincia intimó a la Cooperativa de Electricidad de General Balcarce a pagar 1.891.638.708 pesos con 89 centavos. La Resolución 580 del Ministerio de Infraestructura, publicada en el Boletín Oficial, le concedió un plazo perentorio de diez días hábiles y dispuso que, vencido ese plazo sin pago, Provincia Fideicomisos inicie las acciones judiciales. El propio acto administrativo constituye título ejecutivo, lo que acorta el trámite del cobro. El origen de la deuda está descripto sin rodeos. Son agregados tarifarios que la distribuidora cobró a sus usuarios en la factura de luz y que debía transferir al Fideicomiso de Inversiones en Transporte, y que no transfirió, pese a haber adherido a sucesivos planes de regularización desde 2023.
Este espacio viene siguiendo desde abril el expediente de nuestra Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno. Advertimos que el balance no cerraba, constatamos la derrota judicial en mayo y en julio contrastamos lo que la entidad firma ante los jueces con lo que dice ante los micrófonos. La noticia de Balcarce vale acá por una razón sencilla. Permite ver, con un caso ajeno y a la misma distancia, en qué punto exacto del camino está cada uno.
Balcarce está en la instancia administrativa. Tiene diez días, tiene la posibilidad de ceder créditos retenidos del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias para reducir el pasivo y todavía no hay demanda iniciada. Es un semáforo en amarillo. La Mariano Moreno pasó ese semáforo hace tiempo. Su expediente con CAMMESA tiene condena de segunda instancia confirmada, recursos declarados desiertos por la propia Cámara, un pedido del acreedor para que el extraordinario se declare extemporáneo y un embargo sobre las cuentas trabado en abril de 2024. La diferencia no está en la gravedad de la conducta, está en el reloj. Balcarce discute si va a haber juicio. Acá el juicio terminó y lo que sigue es cobrar.
Hay que decir también lo que el cotejo no autoriza. El número de Balcarce es más alto que el capital embargado en Nueve de Julio, que fue de 1.088 millones de pesos más un treinta por ciento presupuestado para intereses y costas. Quien quiera medir estas cosas por el tamaño del monto encontrará que el caso local no encabeza el ranking. Lo que encabeza es otra cosa, el grado de avance, que es la variable que decide cuánto margen queda para arreglar. En términos de plata, el tiempo transcurrido desde abril de 2024 hizo su trabajo sobre aquella cifra, y los recargos siguen corriendo mientras estas líneas se escriben.
Queda una pregunta que la resolución bonaerense pone sobre la mesa y que hasta hoy nadie formuló en voz alta en Nueve de Julio. El FITBA se nutre de agregados tarifarios que todas las distribuidoras cobran en la factura. La Mariano Moreno también los cobra. Corresponde entonces saber si esos fondos fueron depositados en tiempo y forma, si la entidad adhirió a alguno de los planes de regularización abiertos desde 2023, y si el OCEBA mantiene retenida alguna compensación tarifaria. La pregunta tiene peso propio. Los agregados tarifarios se cobran en la factura con destino determinado por la ley, y quien los percibe los recibe en esa condición y con esa obligación, de modo que la respuesta ordena consecuencias que exceden con holgura lo administrativo. Este Medio pone su espacio a disposición del Consejo de Administración para responder esas tres preguntas, y asume el compromiso de publicar íntegra y sin edición la respuesta que se le haga llegar.
Los asociados son los dueños. Pagan la factura donde vienen incluidos esos agregados y tienen derecho a saber dónde terminaron. Decía el abuelo que la desgracia ajena sirve para medirse y no para consolarse. Medidos contra Balcarce, el número nos favorece y el reloj no. Ellos todavía tienen diez días. Nosotros ya no.