Hay proyectos de ordenanza que se leen como lo que dicen y hay otros que se leen, sobre todo, por lo que revelan. El que la Sociedad Rural de 9 de Julio presentó esta semana ante los presidentes de todos los bloques del Concejo Deliberante pertenece a la segunda categoría. Propone crear una Comisión Vial Rural autónoma, integrada por los propios productores y sus entidades, con un gerente técnico elegido por concurso público, que administre directamente la Tasa Vial y las partidas provinciales destinadas a los caminos. El 85 por ciento de lo recaudado iría a una cuenta independiente a nombre de la Comisión. Al municipio le quedaría el 15 restante. Detengámonos un momento en ese número, porque ahí está todo el editorial.
Un sector entero de la producción, después de más de cinco meses de diálogo interno y de estudiar la experiencia de Benito Juárez, llegó a una conclusión que puso por escrito, con artículos y fundamentos, y entregó en mano a María Elena Defunchio, Nancy Grizutti, Luis Moos, Julio Bordone e Ignacio Palacios, con copia formal a la intendente Gentile, a las entidades agropecuarias y a la Cámara de Comercio. La conclusión es que el dinero de los caminos estará mejor cuidado en cualquier mano antes que en la del Ejecutivo municipal.
Nadie redacta una ordenanza para esquivar a una administración que funciona. Nadie invierte medio año de reuniones para arrebatarle una caja a un gobierno que la maneja bien. El presidente de la Rural, Hugo Enríquez, lo dijo con elegancia en «Agro 9 Radio» (Supernova 97.9) cuando explicó que la iniciativa «nace de la situación del año pasado» y que el planteo es «dar vuelta y cambiar lo que se viene haciendo». Y la situación del año pasado no requiere gran esfuerzo de memoria. Fue el año del agua. La emergencia hídrica rigió desde mayo de 2025, la Nación convalidó la emergencia agropecuaria por inundación, y con los campos todavía anegados el Ejecutivo intentó subir la tasa vial un 50 por ciento, hasta que el propio Concejo le recortó la suba. Traducido al idioma del contribuyente, los productores pagaron la tasa, miraron los caminos, hicieron la cuenta y decidieron que la confianza se terminó. El 85 a 15 tiene forma de porcentaje, pero funciona como calificación.
La Rural, además, no está sola en el diagnóstico. La Federación Agraria pidió el 12 de mayo, por expediente 342, algo más modesto, una mesa de trabajo formal con actas y todos los bloques, para un problema que acumula dieciocho meses sin solución. La nota duerme en comisión y el pedido, reiterado el 17 de julio, sigue sin respuesta, igual que el pedido de informes sobre el destino de la tasa que la misma entidad respaldó con más de 150 firmas en junio de 2025. En mayo el campo pidió permiso para conversar. En julio pidió la caja. Entre un pedido y el otro media un aprendizaje.
Lo más incómodo para el oficialismo es que la propuesta ni siquiera es un gesto de confrontación. Es un gesto de madurez institucional. Habla de política de Estado, de trascender gobiernos y partidos, de preservar un bien común. Parte del campo dedicó cinco meses a diseñar el instrumento que el municipio debió ofrecer hace años. Cuando el vecino termina escribiendo la ordenanza que le correspondía escribir al gobierno, el problema ya dejó de ser vial y pasó a ser político.
El Concejo tiene ahora la palabra, dos expedientes sobre la mesa y la oportunidad de demostrar si escuchó lo mismo que escuchamos todos. Porque detrás del articulado hay un mensaje viejo como la pampa, de esos que el abuelo repetía mientras cerraba la tranquera al caer la tarde. El ojo del amo engorda el ganado. Los productores de Nueve de Julio acaban de avisar, con firma y sello, que ya saben quién es el amo de sus caminos. Y que no es la intendencia.
EL LOBO
