La caída del financiamiento docente y el retroceso de los programas educativos ponen en duda la prioridad que el Gobierno dice otorgar a la calidad educativa.
Cuando el presidente Javier Milei habló en la apertura de sesiones del Congreso, uno de los ejes de su discurso fue la educación. “Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo”, afirmó, al plantear la necesidad de reformar los distintos niveles del sistema y devolver a la escuela su función original: formar a los estudiantes y evitar —según sus palabras— el adoctrinamiento. Sin embargo, más allá de los discursos, los números muestran una realidad distinta. Diversos informes basados en datos oficiales indican que durante el primer tramo de la gestión libertaria la inversión educativa sufrió uno de los recortes más profundos de las últimas décadas, especialmente en áreas vinculadas con la formación docente y los programas de inclusión educativa.
Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el año 2025 cerró con altos niveles de subejecución presupuestaria, particularmente en áreas sociales. Dentro del sector educativo, varios programas centrales registraron caídas abruptas.Entre los casos más significativos se encuentran Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), ambos con ejecución prácticamente nula, así como programas de infraestructura para jardines infantiles con recortes cercanos al 90%. Las becas estudiantiles y los programas de acompañamiento educativo también sufrieron reducciones importantes.Uno de los rubros más afectados fue la formación docente, con una caída que supera el 75% en algunos programas durante 2025 y un nuevo recorte que supera el 44% en lo que va de este año.
El ajuste no se limita al área educativa estricta. En el Ministerio de Capital Humano —del cual depende la Secretaría de Educación— se observa una fuerte reducción del gasto público: la ejecución cayó cerca del 48% en Educación y más del 70% en áreas vinculadas con niñez y familia. La tendencia también se replica en el sistema científico y tecnológico. Programas de promoción de la investigación registran reducciones superiores al 70%, mientras organismos como el CONICET, la CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional también experimentan recortes significativos.El cuadro general muestra una política de reducción del gasto público que impacta con especial intensidad en áreas vinculadas con educación, ciencia y desarrollo productivo, mientras el peso relativo de los servicios de deuda y otros gastos del Estado se mantiene elevado.
El panorama presupuestario refuerza esa tendencia. De acuerdo con el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, la inversión nacional en educación rondará el 0,75% del PBI, muy por debajo del 6% que establecía la Ley de Financiamiento Educativo sancionada hace dos décadas. En términos reales, esto implica una reducción cercana al 50% respecto del nivel de recursos disponibles en 2023 para la Secretaría de Educación. El impacto se extiende a distintas áreas del sistema: universidades, escuelas técnicas, infraestructura escolar, equipamiento educativo y programas de capacitación docente. Cabe recordar que el financiamiento educativo en Argentina depende en gran medida de las provincias, que sostienen cerca del 75% del gasto total. Sin embargo, el aporte nacional ha sido históricamente clave para equilibrar desigualdades regionales, particularmente a través de programas como el FONID o las becas educativas.
La eliminación de estos mecanismos de compensación agravó la situación salarial de los docentes, cuyos ingresos se ubican hoy en niveles históricamente bajos en términos reales, según distintos relevamientos sindicales. A esto se suman otras medidas que marcaron el rumbo de la política educativa nacional: la discontinuación del programa Conectar Igualdad, la reducción del número de becas Progresar y el congelamiento de su monto, demoras en la distribución de libros escolares y la caída de la inversión en infraestructura educativa. El ajuste también alcanzó a las universidades públicas, que según estimaciones del sector perdieron cerca del 29% de su presupuesto real en los últimos dos años.
En ese contexto, organizaciones educativas y sindicatos docentes advierten que la educación se ha convertido en una de las principales variables de ajuste del actual modelo económico. Un informe del Instituto Marina Vilte, vinculado a CTERA, sostiene que entre 2023 y 2025 la función Educación y Cultura registró una caída real del 47,7%, muy por encima del promedio del ajuste general del Estado. El impacto, señalan, se refleja directamente en las escuelas: reducción de programas socioeducativos, menos recursos para infraestructura, recortes en becas, conectividad y formación docente. Durante 2025, además, quedaron más de 135 mil millones de pesos del presupuesto educativo sin ejecutar, lo que para los especialistas constituye una señal de que el ajuste no responde únicamente a restricciones fiscales, sino también a decisiones de política pública.
El debate de fondo, entonces, no se limita a la magnitud del recorte. También plantea una discusión más profunda sobre el rol del Estado en el sostenimiento del sistema educativo y en la formación del capital humano que el propio gobierno señala como clave para el desarrollo del país. Porque, más allá de las diferencias ideológicas, la experiencia histórica muestra que la calidad educativa rara vez mejora cuando se reducen las inversiones en docentes, infraestructura y programas de inclusión. Y en educación, como suele decirse, los efectos de las decisiones políticas no se miden en meses, sino en generaciones.
