En una jornada que el oficialismo califica como histórica, el Congreso de la Nación Argentina sancionó este viernes la controvertida reforma laboral, otorgando al gobierno de Javier Milei una victoria legislativa fundamental para su programa económico. La aprobación definitiva en el Senado se produjo tras una sesión marcada por la tensión política y un estricto operativo de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo, consolidando un «doblete» parlamentario que incluyó también la baja de la edad de imputabilidad penal. 
La nueva normativa, denominada por el Ejecutivo como «Ley de Modernización Laboral», introduce cambios estructurales en el mercado de trabajo que han generado un profundo debate en la sociedad argentina. Entre los puntos más polémicos se encuentra la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo diseñado para financiar las indemnizaciones por despido mediante recursos del sistema previsional, una medida que la oposición no tardó en tildar de transferencia de riesgos desde el sector empresarial hacia el Estado.
Otro de los pilares de la reforma es la implementación del «banco de horas», un sistema que otorga a los empleadores la facultad de reorganizar la jornada laboral de sus dependientes sin la obligación de abonar horas extraordinarias, siempre que se cumplan ciertos límites temporales. Asimismo, la ley extiende el período de prueba para los nuevos empleados, el cual podrá alcanzar hasta un año en el caso de las pequeñas empresas, y formaliza la figura del «repartidor independiente» para regular a quienes prestan servicios en plataformas digitales de entrega.
El camino hacia la sanción no estuvo exento de complicaciones técnicas y políticas. Aunque el Senado ya había dado un visto bueno inicial, el proyecto debió regresar a la Cámara Alta luego de que los diputados eliminaran un artículo que reducía drásticamente los salarios en casos de accidentes o enfermedades laborales. Durante la votación final, que resultó en 42 votos a favor frente a 28 en contra, se vivieron momentos de incertidumbre cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel debió aclarar que el escrutinio se centraba específicamente en las modificaciones introducidas por la cámara baja y no en el cuerpo general de la ley.
Desde las filas de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich cerró el debate defendiendo la necesidad de flexibilizar las normativas para incentivar la contratación en un contexto de estancamiento económico. Por el contrario, sectores de la oposición y representantes sindicales han manifestado su rechazo frontal, argumentando que la ley precariza el empleo y debilita los derechos históricos de los trabajadores. Con esta sanción, el gobierno de Milei logra destrabar uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión, aunque el impacto real de estas medidas en la generación de empleo genuino sigue siendo el gran interrogante que divide a expertos y ciudadanos.
