Por Redacción Extra Digital
Personas con discapacidad, familiares y profesionales del sector se concentraron frente a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para manifestar su rotundo rechazo a un nuevo proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo y denunciar lo que califican como un «vaciamiento» de las políticas de asistencia vigentes. La movilización ocurre en un clima de creciente tensión política y judicial. Los manifestantes sostienen que la iniciativa oficialista, denominada por sectores del gobierno como un plan para combatir el fraude en las pensiones por invalidez, representa en realidad un retroceso en derechos adquiridos. Según las organizaciones convocantes, el proyecto busca reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), una norma sancionada e insistida por el Congreso el año pasado que el gobierno de Javier Milei se ha resistido a implementar plenamente pese a las reiteradas órdenes judiciales.
El punto de mayor fricción radica en el nuevo sistema de auditorías y reempadronamiento obligatorio, además de la eliminación del nomenclador que regula el valor de las prestaciones. Mientras que el oficialismo argumenta que estas medidas son necesarias para transparentar un sistema que consideran plagado de irregularidades, las familias denuncian que se está instalando una mirada estigmatizante. Para los manifestantes, el enfoque oficial asocia la discapacidad con el fraude en lugar de garantizar el acceso a la salud y la vida independiente. Advierten, además, que la introducción de mecanismos de «suspensión preventiva» de pensiones ante cualquier inconsistencia administrativa dejaría a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad económica.
La crisis no es solo legislativa sino también operativa. Los prestadores de servicios, que incluyen centros de día, transportistas y profesionales terapéuticos, denuncian que el sistema se encuentra al borde del colapso debido al retraso crónico en los pagos y la falta de actualización de los aranceles frente a la inflación. Esta situación ha derivado en la suspensión de tratamientos vitales para miles de pacientes, agravando una emergencia sanitaria que, según el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado ignora deliberadamente.
Desde el Ministerio de Salud han intentado calmar las aguas prometiendo saldar deudas pendientes durante el transcurso del mes, pero las respuestas no han sido suficientes para disuadir la protesta. El colectivo de discapacidad exige que se detenga el avance del proyecto en el Senado y que se cumpla de inmediato con la ley de emergencia vigente, la cual establece la actualización automática de aranceles y garantiza el financiamiento del nomenclador nacional. En un contexto de ajuste fiscal, el conflicto plantea un debate profundo sobre dónde deben trazarse los límites del recorte estatal cuando se trata de los sectores más frágiles de la sociedad.
En 9 de Julio, el Centro Educativo Terapéutico «Pasos» se plegó a la jornada de protesta. El frente de la institución apareció con carteles alusivos a lo dramático de la situación. Las fuentes de trabajo, las prestaciones y el futuro de personas con discapacidad están en juego, en un escenario en donde el gobierno nacional insiste con un ajuste en los sectores equivocados. Las reacciones no se hicieron esperar. Habrá que ver si la administración Milei está dispuesta a pagar el costo político en un escenario general en donde el crédito político se viene agotando.
