La iniciativa de la senadora Gabriela Demaría busca modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
El Senado bonaerense avanzó con el proyecto impulsado por la legisladora del Frente de Todos, Gabriela Demaría, que introducen reformas clave al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (ley N°13.133). El texto tuvo media sanción la semana pasada y aguarda por su tratamiento en Diputados.
Según expresa el articulado, la iniciativa contiene dos objetivos centrales: incluir en la legislación provincial la figura de personas consumidoras hipervulnerables, para proteger los derechos de los colectivos más desfavorecidos; y ampliar las multas y sanciones para quienes infrinjan dicha norma.
Demaría, quien además es presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado, enmarcó el proyecto en la asimetría estructural que caracteriza a las relaciones de consumo. “Esta situación se profundiza en algunos casos ya que no todos estamos en iguales condiciones frente al mercado”, subrayó.
De esta manera, la senadora bonaerense precisó que incorporar la figura de consumidores hipervulnerables implica reconocer la vulnerabilidad agravada relacionada a diferentes aspectos como la edad, las condiciones psicofísicas y socioeconómicas.
En detalle, el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado bonaerense establece que las medidas de protección a los consumidores deberán “acentuarse respecto de los consumidores hipervulnerables que pertenezcan a colectivos sociales, que se vean afectadas por circunstancias que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores”.
En su exposición durante el tratamiento en la Cámara alta, la Senadora explicó la relevancia de la iniciativa en la materia y agregó que en caso de sancionarse la Ley “podríamos ser la primera provincia en todo el país que tiene la incorporación fehaciente de esta figura en su legislación”.
Por otro lado, el proyecto que pasó a Diputados para su sanción definitiva modifica el artículo 73 de la Ley 13.133, con el objetivo de actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, establecida en el año 2004 y que no han sido modificadas desde entonces.
Cabe destacar que, los montos vigentes están fijados en un rango desde los $ 100 hasta los $ 500 mil. La Legisladora propone implementar una fórmula móvil de actualización automática, con una multa equivalente a una suma comprendida en la escala de 0.5 a 5.000 salarios mínimos vitales y móviles.
Puesto que el salario mínimo asciende en octubre a los $ 54.550, el tope de la multa pasaría de $ 500 mil a $ 272 millones. Según precisó la legisladora, la suba es para evitar que la sanción pierda el efecto disuasorio con el paso del tiempo.
“La finalidad de las sanciones de este tipo es disuadir la comisión de conductas similares por parte de los proveedores de productos y servicios, buscando de ese modo lograr el objetivo de proteger a las personas consumidoras y usuarias en sus relaciones de consumo”, concluyó Demaría.