Por Redacción Extra Digital
Un año y medio después de que un grupo de vecinas de French iniciara una acción de amparo ambiental por la calidad del agua y la cercanía de fumigaciones con agroquímicos, la Suprema Corte bonaerense definió esta semana un punto clave del expediente: qué tribunal debe revisar las medidas cautelares dictadas a favor de la comunidad. La causa de fondo, sin embargo, sigue sin resolverse.
El reclamo original
La acción fue presentada por Joelle María Flora Jacob, María Isabel Falco, Susana Edilma Falco y Myriam Guadalupe Brunet, vecinas de French, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad. Demandaron a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), a la Municipalidad de 9 de Julio y a la Provincia de Buenos Aires, pidiendo que el suministro de agua cumpla con los valores de arsénico establecidos por el Código Alimentario Argentino, la ejecución de obras de infraestructura, una zona de resguardo de 1.095 metros para fumigaciones con agroquímicos y un plan de vigilancia sanitaria para los vecinos. Además, plantearon la inconstitucionalidad de la Ordenanza municipal 7.219, que regula el uso de agroquímicos en la zona, por considerar insuficiente la distancia de 200 metros que establece respecto de los centros poblados. Como medida urgente, el juzgado interviniente había ordenado en octubre de 2024 la entrega de bidones de agua a los vecinos, que ABSA informe sobre residuos de arsénico y agroquímicos, y la restricción de fumigaciones a menos de 1000 metros del límite de la zona poblada.
Por qué el expediente quedó trabado
Lo que debía ser una revisión relativamente ágil de esas medidas cautelares terminó convertido en una disputa sobre competencia territorial. La Fiscalía de Estado y la Municipalidad apelaron las cautelares, y la comuna además recusó al juez interviniente por, según su planteo, haber prejuzgado sobre el fondo del asunto al referirse a los agroquímicos como «agrotóxicos» en su resolución.
A la par, se discutió si esta causa debía acumularse con «Kersich», el expediente que en años anteriores había dado lugar a la construcción de una planta potabilizadora en la ciudad cabecera del partido. Dos cámaras de apelación —San Martín y La Plata— se declararon sucesivamente incompetentes para resolver, cada una entendiendo que le correspondía a la otra, lo que obligó a que la Suprema Corte provincial dirimiera la contienda.
Lo que resolvió la Corte
El máximo tribunal bonaerense concluyó que este amparo y la causa «Kersich» no son la misma cuestión: los vecinos de French ya habían sido excluidos como terceros de aquel expediente por la Corte Suprema de la Nación en 2014, y mientras «Kersich» se limitó al arsénico en el agua de la ciudad cabecera, este reclamo suma la problemática de la fumigación y liberación de agroquímicos en French. Por eso, la Corte asignó la revisión de las cautelares a la Cámara de San Martín, y no a la de La Plata. Con una salvedad procesal: antes de tratar el fondo de las cautelares, el expediente deberá pasar primero por la Cámara Penal de Mercedes, que tendrá que resolver la recusación contra el juez, dado que se trata de un magistrado del fuero de Garantías. Recién después de eso, San Martín podrá expedirse sobre si las medidas de protección para los vecinos de French se mantienen.
El dato que queda pendiente
La resolución no se pronuncia sobre el fondo del reclamo ambiental. Las medidas cautelares —bidones de agua, información sobre residuos, restricción de fumigaciones— siguen sujetas a revisión, sin que a más de un año de haber sido dictadas los vecinos tengan certeza sobre su continuidad. La discusión sobre qué tribunal debía intervenir insumió el tiempo que, en un amparo ambiental, suele ser el más sensible. Guardianes de la Ecología, organización con presencia en el seguimiento de esta causa, continúa atenta al desarrollo del expediente.
