El gobierno de la provincia de Buenos Aires alcanzó un principio de acuerdo con los gremios docentes. La administración de Axel Kicillof presentó una propuesta superadora que consiste en un incremento salarial del 9% distribuido en tres tramos, logrando así el visto bueno de las bases sindicales que venían de protagonizar un paro total de actividades el pasado lunes.
El conflicto, que parecía escalar tras una oferta inicial del 3% calificada como insuficiente por los trabajadores, obligó al Ejecutivo provincial a reabrir las negociaciones con urgencia. El nuevo esquema de pagos contempla un 1,5% retroactivo a febrero, un 5% correspondiente a marzo que se percibirá en abril, y un último tramo del 2,5% para abril, a cobrarse en mayo. Esta mejora triplica el porcentaje originalmente propuesto y representa un alivio momentáneo en la tensa relación entre el Palacio de la Gobernación y los sindicatos.
El ministro de Gobierno Carlos Bianco defendió la gestión paritaria subrayando el complejo contexto económico nacional. El funcionario recordó que la provincia enfrenta severas restricciones presupuestarias derivadas de los recortes de fondos por parte del gobierno nacional de Javier Milei. Según Bianco, a pesar de estas limitaciones, la oferta bonaerense se posiciona como una de las más competitivas del país, aunque reconoció que los salarios han perdido terreno frente a la inflación persistente.
La aceptación por parte de los docentes no solo normaliza el calendario escolar, sino que también marca el camino para el resto de los sectores estatales. Tras el entendimiento con los maestros, las autoridades provinciales iniciaron mesas de diálogo con los gremios de trabajadores del Estado y judiciales, bajo la expectativa de replicar acuerdos similares que permitan contener el malestar social.
El desenlace de esta negociación ocurre en un clima político sensible, donde incluso sectores aliados al oficialismo provincial habían manifestado su respaldo a las medidas de fuerza. Con este acuerdo, el gobierno de Kicillof logra desactivar un frente de conflicto crítico, priorizando la continuidad de las clases mientras intenta equilibrar las cuentas públicas en un escenario de creciente incertidumbre financiera.
