Polémica por el uso financiero de un millonario fondo para obras hídricas. Se trata del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que cuenta con $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en Lecap, mientras hay demoras en el plan para controlar inundaciones en la Cuenca del Salado. Eso ha motivado la queja de la diputada provincial Silvina Vaccarezza [UCR-Cambio Federal] que cuestionó el uso de los fondos y señaló que hay “290.000 mil millones de pesos puestos en el circuito financiero y no en el Salado”.
La legisladora, residente en Alberti, por la cuarta sección electoral, lo dijo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y explicó que
“el fondo fiduciario hídrico, financiado por un impuesto al combustible, debería destinarse a obras como la canalización del río Salado, la obra pública más importante de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la mayor parte del fondo está invertida en instrumentos financieros y solo una mínima parte se usó para la obra, cuyo avance es casi nulo. Esto genera bronca porque el impuesto se cobra, pero no se aplica a su fin, y la falta de avance en la etapa 4 impide que la etapa 5 sea efectiva; lo mismo ocurre con el fondo vial y las obras inconclusas en rutas”.
Los dichos de Vaccarezza tienen asidero luego de que el Gobierno informara que una parte significativa del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica —creado para financiar obras contra inundaciones— está invertida en instrumentos financieros y allí empezaron a surgir cuestionamientos -entre ellos el de la legisladora bonaerense- y desde el sector agropecuario por el uso de esos recursos. Apuntan a que buena parte del dinero no se está destinando a obras. En paralelo, también aparecieron pedidos para que se informe con mayor claridad en qué se usan los fondos y poder seguir su destino, como ocurría años atrás.
El planteo se apoya en el último informe de gestión enviado al Congreso. Allí, ante la pregunta sobre el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, el Ministerio de Economía informó que al 6 de abril de 2026 el fondo contaba con $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en Lecap [Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos]. Sin embargo, en esa respuesta no se precisó a qué obras específicas están afectados esos recursos ni cómo se ejecutan.
Vaccarezza cree “inadmisible” que los recursos se destinen a instrumentos financieros mientras siguen pendientes obras clave para prevenir inundaciones y agregó: “no es un tema técnico, es una decisión política” y advirtió sobre una “desconexión total entre las prioridades del gobierno nacional y las necesidades reales del interior”.
Hay que recordar que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica en Argentina fue creado en noviembre de 2001 mediante el Decreto N º 1381/200, justo pocos días antes del gran estallido social que derivó en la salida del gobierno de Fernando De la Rúa. Fue constituido para gestionar recursos provenientes de impuestos a los combustibles (naftas y GNC) destinados a obras de infraestructura hídrica, mitigación de inundaciones y protección vial/ferroviaria a nivel nacional fue creado en 2001 mediante un decreto nacional con el objetivo de financiar obras vinculadas al manejo del agua, en particular para prevenir inundaciones. Se nutre de impuestos aplicados sobre los combustibles —como la nafta y el gas natural comprimido— y, con el paso del tiempo, se convirtió en una herramienta central para financiar proyectos de infraestructura hídrica en distintas provincias. En 2006, una ley estableció que sus recursos debían tener una asignación específica a este tipo de obras.
El reclamo se da en un momento en que los datos presentados por el Gobierno ante el Congreso muestran avances muy bajos en tramos clave del Plan Maestro del Río Salado, una de las obras más importantes para el manejo del agua en la provincia de Buenos Aires, que abarca cerca de 17 millones de hectáreas en la región pampeana. Uno de los puntos más sensibles es el Tramo IV, Etapa II, en Roque Pérez. La obra quedó frenada en febrero de 2025 y el Gobierno lo formalizó mediante actas administrativas, justificando la decisión en la emergencia económica del Decreto 70/2023. En octubre de ese año, tras una reunión con la Mesa de Enlace, anunció la reactivación. Sin embargo, los números presentados ante el Congreso seis meses después muestran avances muy bajos.
Vaccarezza dijo: “No soy técnica ni abogada, pero veo que los fondos hídricos y viales, que deberían usarse exclusivamente para obras y mantenimiento de rutas, se están destinando a otros fines y no hay transparencia sobre su uso. Investigué y presenté el tema en la legislatura, pero es difícil acceder a la información y el gobierno nacional no responde. Seguiré insistiendo porque estas obras, como la canalización del Salado, son clave para la región productiva y para mitigar inundaciones y terminar los 33 km que faltan sería fundamental”.
