En política hay derrotas. Y hay relatos sobre las derrotas. Lo que vimos el lunes pasado en la sede local del Sindicato de Luz y Fuerza pertenece claramente a la segunda categoría.
La lista que encabezaba Cristian Martín denunció que su exclusión de la interna del Partido Justicialista no fue producto de una cuestión técnica —léase: avales insuficientes o mal validados— sino de una “decisión política”. Una jugada. Una mano invisible. Un movimiento de piezas para impedir la competencia. La escena estuvo completa: micrófonos, apoderados indignados, nombres propios señalados y la épica del sector que se siente víctima de un aparato. Faltó, apenas, un detalle menor: la prueba.
Si la lista presentó más de 150 avales cuando el mínimo exigido era 98, el debate no es ideológico sino aritmético. Los números son obstinados. O alcanzan, o no alcanzan. Y si hubo un “fallo técnico del sistema”, como se sugirió, la primera obligación era mostrarlo: captura de pantalla, acta de observación, informe del sistema, nota de impugnación con detalle de aval por aval. En vez de eso hubo una conclusión: “no fueron los avales, fueron decisiones políticas”. Hasta el momento, la prueba no apareció.
La frase es potente. También es funcional. Sirve para explicar cualquier resultado adverso sin entrar en el terreno incómodo de la revisión propia. Pero el episodio excede a una interna. Forma parte de una cultura política más amplia, donde la derrota rara vez se asume como error administrativo o falla organizativa y casi siempre se resignifica como injusticia estructural. En la tradición partidaria argentina —y el peronismo no es excepción— la apelación a la conspiración ha sido un recurso frecuente para preservar cohesión interna cuando la realidad no acompaña.
Hay una constante en la política doméstica: cuando los mecanismos formales fallan, se apela al enemigo grande. La Junta Electoral deja de ser un órgano partidario y se convierte en el brazo ejecutor de una maniobra. La observación técnica se transforma en operación. El error administrativo muta en estrategia deliberada. Es el viejo recurso de convertir un expediente en una novela. Pero la política —incluso la más interna— tiene reglas. Y esas reglas se cumplen o se impugnan con constancias. No con sospechas.
Si la Junta actuó arbitrariamente, lo correcto era exhibir la resolución completa y desmenuzarla. Señalar punto por punto la invalidez. Demostrar que los avales estaban correctamente cargados, que el sistema falló de manera verificable y que la apelación fue ignorada sin fundamentos. Esa sería una denuncia seria. Lo demás es un acto. Lo que dejó la conferencia fue otra cosa: una sensación de frustración maquillada de gesta. Un discurso donde la palabra “unidad” apareció recién cuando la competencia ya estaba clausurada. Un mensaje donde la indignación ocupó el lugar que debía ocupar el expediente.
Hay, además, un detalle político que no pasa inadvertido: cuando alguien afirma que fue excluido para evitar la unidad, está diciendo implícitamente que su sola presencia generaba una amenaza real. Puede ser. Pero también puede ser una forma elegante de evitar una pregunta más simple: ¿se cumplieron o no los requisitos formales?Porque en definitiva la política partidaria, por más épica que se proclame, también es gestión. Y la gestión empieza por cumplir lo básico.
El recurso de la conspiración tiene una ventaja: cohesiona hacia adentro. Permite cerrar filas, victimizarse, señalar responsables externos y mantener la moral en alto. Pero tiene un costo: debilita la credibilidad hacia afuera. El afiliado que observa entiende que cuando alguien pierde una instancia administrativa y no muestra la documentación, la épica se vuelve sospechosa.
¿Hubo una jugada política? Puede ser. En el peronismo, como en cualquier partido con historia, las internas nunca son ingenuas. Pero una jugada se prueba. Y, hasta ahora, esa prueba no apareció. El tramo final de la conferencia fue el más revelador: “seguiremos con o sin sello”. Es una frase que suena digna, pero encierra una resignación tácita. Si realmente se tratara de una injusticia grave, la prioridad sería revertirla. Si la prioridad es seguir “con o sin chapa”, entonces la conferencia no fue el inicio de una batalla institucional, sino el cierre de una etapa.
En política, la diferencia entre una proscripción y una mala organización no está en el volumen del discurso, sino en la contundencia de la evidencia. Y cuando la evidencia no aparece, la conspiración deja de ser una denuncia y pasa a ser una coartada.
El Lobo
