
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a mover una ficha sensible: una nueva licitación de deuda en dólares bajo ley local con la que el Gobierno buscará absorber hasta USD 500 millones mensuales. La meta es explícita: acumular oxígeno para enfrentar el abultado calendario de vencimientos de julio y, al mismo tiempo, enviar una señal al mercado internacional que la Argentina está lista para reabrir el crédito externo cuando las condiciones lo permitan.
El diseño es quirúrgico. Cada quince días, el Palacio de Hacienda colocará un bono en dólares por hasta USD 150 millones. Al día siguiente, habilitará una segunda vuelta para ampliar la emisión por otros USD 100 millones. Traducido: hasta USD 500 millones por mes. En el primer semestre, la aspiración oficial es reunir alrededor de USD 2.000 millones.
El instrumento pagará un cupón del 6% nominal anual, una tasa ambiciosa en un contexto donde el riesgo país aún se mantiene por encima de los 500 puntos básicos. El antecedente inmediato fue el Bonar 2029 emitido en diciembre, que convalidó un rendimiento superior al 9% y funcionó como una suerte de “prueba piloto” tras años sin emisiones en moneda dura. Aquella colocación fue interpretada en la City como un testeo. Esta nueva etapa luce más como un ensayo general.
El trasfondo es conocido: en julio vencen alrededor de USD 4.200 millones con bonistas privados. La estrategia oficial busca evitar un estrés financiero concentrando recursos con antelación y sin depender todavía de una salida directa a los mercados globales. La hoja de ruta incluye, además, operaciones de administración de pasivos —swaps, repos, canjes— y el uso de divisas provenientes de emisiones corporativas y del blanqueo fiscal para reforzar la caja.
La apuesta no está exenta de riesgos. Si el financiamiento se apoya en tramos cortos, el calendario podría comprimirse antes de 2027, en un escenario donde las reservas del Banco Central todavía no ofrecen un respaldo estructural robusto. Por eso, en la City repiten que el regreso a Wall Street debería concretarse antes del cierre del semestre si el clima externo acompaña.
En paralelo, el Gobierno intenta aprovechar cualquier catalizador político interno. El avance legislativo de la reforma laboral fue leído por algunos operadores como un gesto de gobernabilidad. Los bonos reaccionaron con subas moderadas, pero suficientes para mostrar que la dinámica parlamentaria influye en la percepción de riesgo.
La nueva licitación en dólares bajo ley local es una operación de transición. No implica aún el retorno pleno a los mercados internacionales, pero sí construye la narrativa de que ese regreso es posible. Caputo juega en dos tableros: necesita sostener la desinflación y, al mismo tiempo, garantizar que los compromisos en moneda dura no vuelvan a convertirse en un foco de incertidumbre.
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