Mientras se propone entregar la gestión a consorcios, los números y la historia muestran que el problema no es quién administra, sino un sistema que desfinancia y empuja soluciones que ya fracasaron

Por Eduardo Cerdeira

Con las inundaciones que volvieron a golpear al oeste bonaerense, reaparece una discusión que se repite con la regularidad de las crisis: el estado de los caminos rurales y el destino de la Tasa Vial. Pero esta vez, detrás del debate técnico, asoma algo más profundo. No se discute solo cómo mantener los caminos. Se discute quién se queda con el control de un recurso escaso.
Desde las entidades ruralistas se insiste en que el problema es de gestión. Que los fondos alcanzan. Que la solución es avanzar hacia consorcios camineros. Sin embargo, los datos —y la memoria— dicen otra cosa.
Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), 6 de cada 10 pesos que genera el campo se van en impuestos. Pero el dato decisivo no es ese, sino su destino: más del 62% queda en la caja no coparticipable del Estado nacional, mientras que a los municipios apenas llega un 0,8%. La ecuación es simple: se exige abajo lo que se retiene arriba.
En ese contexto, pretender que la Tasa Vial resuelva estructuralmente el problema es desconocer la dimensión real del sistema. Aún más si se considera que la provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% del PBI y recibe menos del 20% de los recursos. El resultado no es una mala gestión: es una infraestructura condenada a sobrevivir con lo mínimo.
Los números técnicos terminan de cerrar el cuadro. Un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA, elaborado para el Ministerio de Desarrollo Agrario, estima que el mantenimiento básico de un camino rural ronda los 2.000 dólares por kilómetro. Cuando la traza requiere consolidación, el costo puede escalar hasta los 32.000 dólares. En situaciones críticas, el alquiler de maquinaria supera los 140.000 pesos por hora. Frente a estos valores, los aproximadamente 165 mil millones de pesos recaudados por los municipios rurales en 2025 apenas alcanzan para una intervención parcial. No es una cuestión de eficiencia: los números, simplemente, no cierran.
Sin embargo, en Nueve de Julio se insiste con una salida que ya fue ensayada. La idea de transferir la gestión a consorcios camineros no es nueva. Y tampoco lo es su resultado. La experiencia local, reflejada en la Ordenanza N° 3656, terminó con la devolución del sistema al municipio, acompañado de deudas, maquinaria deteriorada y una estructura operativa debilitada. No fue una solución fallida. Fue un fracaso completo.
El problema es más incómodo de lo que se admite. Porque obliga a reconocer que ni el Estado local, en soledad, ni los privados, en las condiciones actuales, tienen capacidad real para sostener la red vial rural. Pero también obliga a preguntarse por qué, a pesar de esa evidencia, se insiste en un modelo que ya demostró su inviabilidad.
En ese punto, la discusión deja de ser técnica. Cuando se debilita la capacidad operativa del Estado y, en paralelo, se promueven esquemas alternativos que trasladan la gestión, lo que aparece no es una solución espontánea, sino una dirección.
Un consorcio puede organizar mejor una tarea puntual. Pero no garantiza acceso a la salud, ni a la educación, ni a la seguridad en el ámbito rural. Garantiza, ante todo, la salida de la producción. Y cuando ese es el único criterio, el sistema deja de responder al conjunto para empezar a responder a sectores específicos.
El riesgo no es abstracto. Es concreto. Porque cuando la infraestructura pública se reorganiza bajo lógicas que priorizan la rentabilidad por sobre la equidad territorial, lo que se redefine no es solo la gestión de los caminos. Es el alcance mismo de los derechos en el interior. La discusión, entonces, no es quién pasa la motoniveladora. Es quién decide para quién se pasa. Y en ese punto, insistir con soluciones que ya fracasaron no es un error.
Es una elección.
Porque los caminos rurales pueden romperse —y de hecho se rompen—. Pero cuando se rompe el criterio con el que se los gestiona, lo que queda fuera de servicio no es el camino, es la idea misma de comunidad.