Este lunes, el Congreso de la Nación retoma su actividad en un escenario de alta tensión política tras el llamado del presidente Javier Milei a sesiones extraordinarias. El objetivo central de la administración libertaria es lograr la aprobación de una ambiciosa reforma laboral antes de la apertura del período de sesiones ordinarias en marzo.
El debate se desarrolla bajo la mirada atenta de diversos sectores sociales y económicos. La iniciativa oficialista busca introducir cambios profundos en el marco regulatorio del empleo en el país, incluyendo la regularización del trabajo en plataformas digitales bajo figuras de trabajo independiente y modificaciones en los esquemas de indemnización. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, estas medidas son indispensables para dinamizar un mercado de trabajo que lleva más de una década sin generar empleo formal de manera sostenida.
Sin embargo, el camino hacia la sanción definitiva de la ley se presenta complejo. En el Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, encabeza intensas negociaciones para alcanzar el quórum de 37 legisladores. Con una representación minoritaria propia, la Casa Rosada depende del respaldo de la llamada oposición dialoguista, compuesta principalmente por la Unión Cívica Radical y el PRO. Estos sectores han manifestado preocupaciones respecto al impacto fiscal de la reforma, advirtiendo sobre una posible caída en la recaudación coparticipable que afectaría directamente a las provincias.
La resistencia no solo se manifiesta en el ámbito legislativo. Las principales centrales obreras han expresado un rechazo categórico a la propuesta, denunciando que las reformas vulneran derechos históricos de los trabajadores. El clima de conflicto se ve acentuado por la inclusión de otros temas sensibles en el temario de extraordinarias, como la baja de la edad de imputabilidad y modificaciones en la Ley de Glaciares, lo que anticipa un mes de febrero de gran agitación parlamentaria y social.
El éxito de esta agenda marcará el ritmo de la gestión de Milei para el resto del año. Para el gobierno, asegurar la «modernización laboral» representaría un triunfo político clave y una señal de gobernabilidad ante los mercados internacionales. Para la oposición y los sindicatos, el debate representa una batalla fundamental por el modelo de desarrollo y la protección social en una Argentina marcada por la incertidumbre económica.
