Mientras el frente político del Gobierno concentra sus esfuerzos en las negociaciones parlamentarias para avanzar con las próximas reformas estructurales, la atención de la mesa económica y legal del Ejecutivo está puesta en la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, aprobada a fines del año pasado. En el oficialismo creen que esa norma es la principal —y acaso la única— herramienta disponible para reactivar el consumo durante 2026.
El objetivo central es atraer los llamados “dólares del colchón”, ya sea para su incorporación al sistema financiero o para su utilización directa en la compra de bienes. En las más altas esferas del Gobierno consideran que ese flujo de divisas permitiría dinamizar el crédito privado y generar un rebote de la actividad económica, en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la desaceleración del consumo.El borrador del decreto reglamentario se encuentra en elaboración conjunta entre el Ministerio de Economía, la ARCA (ex AFIP) y la Casa Rosada, bajo la supervisión directa del presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, el mandatario sigue de cerca la letra fina de la normativa y apuesta a que la medida funcione como un canal rápido de ingreso de dólares a la economía formal.
En el entorno presidencial sostienen que el impacto no se limitaría al sistema financiero. La expectativa es que la mayor liquidez permita ampliar la oferta de crédito, impulse las operaciones inmobiliarias y reactive sectores sensibles al consumo, en un escenario atravesado por un exigente cronograma de vencimientos de deuda en dólares y el objetivo de consolidar una inflación mensual en torno al 2 por ciento. Con escaso margen para políticas expansivas y sin planes de estímulo fiscal, la reglamentación de la Inocencia Fiscal aparece como una pieza clave de la estrategia económica oficial. Para el Gobierno, se trata de una apuesta de alto riesgo, pero también de una señal destinada a que la mejora de la macroeconomía comience a sentirse en “la calle”.
