El informe final del Consejo de Mayo, presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, marca el rumbo de las reformas que el Gobierno de Javier Milei planea implementar en los próximos años. Este documento, resultado de un proceso consultivo con representantes del sector empresarial, sindical, legislativo y de las provincias, se perfila como la base del calendario legislativo para 2026. En él se abordan tres de los temas más controversiales y críticos para la sociedad argentina: la ley de expropiaciones, el régimen de tierras y la reforma educativa.
El Consejo de Mayo no solo presenta un plan para reconfigurar el marco normativo del país, sino que también plantea un modelo económico, social y educativo más descentralizado, basado en una mayor autonomía para las provincias y las comunidades educativas, al mismo tiempo que flexibiliza las reglas para incentivar la inversión extranjera y facilitar el manejo de recursos naturales.
Reformas en expropiaciones
Uno de los ejes clave del informe se centra en las reformas a la Ley de Expropiaciones, particularmente en la valorización de las propiedades afectadas. El Consejo de Mayo propone un cambio radical en la forma en que se calculan las indemnizaciones, sugiriendo que estas sean determinadas por tasadores independientes y se actualicen según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta modificación busca asegurar que las compensaciones sean acordes al valor de mercado al momento de la expropiación, lo que podría representar un alivio para aquellos cuyas propiedades son tomadas por el Estado.
Además, se plantea una revisión de los procedimientos de desalojo. En este sentido, se propone acelerar el proceso en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación, con el objetivo de eliminar las demoras administrativas que, según el Gobierno, afectan la seguridad jurídica. Esta medida ha generado debate, ya que algunos críticos aseguran que podría abrir la puerta a abusos en el proceso de expropiación y desalojo.
El informe también sugiere modificaciones en el régimen de tierras en los barrios populares, un tema sensible en la política de urbanización. Se propone eliminar la prohibición de venta de lotes a personas jurídicas, que fue introducida por la Ley 27.453 (Ley Renabap) con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. El gobierno argumenta que esta restricción “rigidiza” el mercado y dificulta la finalización de los procesos de regularización. En su lugar, se plantea permitir la venta a cooperativas, asociaciones civiles o empresas que participen en proyectos de infraestructura o desarrollo urbano.
El futuro de las tierras rurales
En el ámbito rural, la propuesta del Consejo de Mayo apunta a eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. En la actualidad, la Ley 21.970 limita la adquisición de tierras por inversionistas foráneos, pero el informe sostiene que estas restricciones obstaculizan la inversión productiva, y que su eliminación permitiría “dinamizar el mercado rural”.
El Gobierno espera que la liberación de estos límites impulse la competencia y atraiga inversiones en áreas como las producciones extensivas, la infraestructura y las energías renovables. Sin embargo, aún se desconoce cómo se llevará a cabo la supervisión de estas operaciones y si se mantendrán regulaciones que aseguren el control sobre las zonas estratégicas del país.
El Consejo también propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego, particularmente en la eliminación de la prohibición de modificar el uso de la tierra durante 30 a 60 años tras un incendio. Este cambio busca acelerar la recuperación económica de las áreas afectadas y facilitar el aprovechamiento productivo de tierras devastadas por el fuego, lo que se ha interpretado como una medida orientada a favorecer la inversión en sectores como la agricultura y la ganadería.
Reforma Educativa
El capítulo educativo del Consejo de Mayo es uno de los más extensos y promete reconfigurar el sistema educativo argentino. En lugar de centralizar las decisiones en el gobierno nacional, se propone una mayor autonomía para las provincias y las escuelas, que podrán elaborar su propio plan de estudios dentro del marco de contenidos mínimos establecidos a nivel nacional.
Una de las principales propuestas es la apertura a nuevas modalidades de enseñanza, como la educación a distancia, los modelos híbridos y las escuelas comunitarias, todo ello bajo la supervisión estatal para garantizar la calidad y la equivalencia en los contenidos. El objetivo es crear un sistema más flexible que se adapte a las realidades locales y a las necesidades de los estudiantes, permitiendo una mayor participación de las familias en el seguimiento de los proyectos educativos.
Otro componente importante de la reforma educativa es la reactivación de las evaluaciones censales nacionales, que medirán el nivel de aprendizaje al finalizar la secundaria. Estas pruebas no solo servirán para medir los conocimientos de los estudiantes, sino que también proporcionarán datos comparables entre provincias y escuelas, lo que permitirá identificar las áreas que necesitan refuerzo y mejorar la calidad educativa de manera más efectiva.
Nueva agenda legislativa
El informe del Consejo de Mayo se enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias de fin de año, donde se discutirá el paquete de reformas que podrían cambiar profundamente la estructura del Estado y la sociedad argentina. Algunos de los temas más polémicos, como la liberalización de las tierras rurales o las modificaciones en la Ley de Expropiaciones, abrirán un debate intensivo en el ámbito parlamentario, donde se enfrentan los intereses del Gobierno con los de sectores sociales y políticos que defienden los derechos territoriales y los principios de justicia social.
De cara a 2026, el Consejo de Mayo ha delineado un camino claro para las reformas estructurales, pero las discusiones en torno a la propiedad privada, la tierra y la educación seguirán siendo temas divisivos, como lo han sido a lo largo de la historia argentina. El Gobierno de Milei apuesta a que estas medidas acelerarán el crecimiento económico y fortalecerán la competitividad, pero el desafío será encontrar un equilibrio que respete las demandas de los diferentes actores sociales y las complejas realidades regionales del país.
