Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires suelen tratarse como un fenómeno homogéneo, como si todas las regiones respondieran igual a las lluvias. Pero esta mirada general ignora que la provincia puede dividirse en unidades fisiográficas con comportamientos hídricos muy distintos. El partido de 9 de Julio, en el noroeste bonaerense, es uno de esos casos que desafían el sentido común.
Según un estudio técnico reciente, hay dos elementos clave que definen a esta región: la escasísima pendiente del terreno y la presencia de médanos longitudinales dispuestos transversalmente al mínimo declive natural. Entre la ciudad de 9 de Julio y Pehuajó, ubicada a 100 kilómetros al oeste, la diferencia de altura es de apenas 10 metros. Es decir: el agua no tiene pendiente suficiente para escurrir ni siquiera en largas distancias.
Lo mismo ocurre hacia el este, en dirección a Bragado, donde la diferencia de altura es aún menor. Esa falta de gradiente hace que el agua se acumule en superficie y no fluya naturalmente hacia el río Salado, el colector principal de la zona.
Así, el sistema hídrico local es predominantemente vertical: el agua se infiltra lentamente en el suelo o se evapora. El escurrimiento superficial, a través de canales, representa menos del 3% del volumen total de agua caída. En este contexto, los canales son ineficaces como solución estructural.
Sin embargo, frente a cada inundación, la respuesta social y política suele ser la misma: “faltan obras”. La demanda de canalizaciones persiste, aunque el problema no sea de obras sino de geografía. Tal como concluye el informe técnico citado, los canales solo logran trasladar el agua de una laguna a la laguna vecina, sin resolver el problema de fondo.
Esto no implica inacción. Hay obras que sí se necesitan: caminos transitables, anillos de defensa, infraestructura rural. Lo que se cuestiona es la idea de que toda el agua puede conducirse, incluso cuando no hay una pendiente que lo permita.
A este panorama geográfico complejo se suma otro factor no menor: la negligencia acumulada durante más de una década de gestión del PRO en el distrito, que omitió tareas básicas y fundamentales como la limpieza y el mantenimiento de los canales existentes, aún cuando estos pudieran cumplir funciones limitadas pero importantes en zonas específicas. La falta de dragado y desobstrucción, combinada con la ausencia de un control efectivo, agravó la vulnerabilidad del territorio ante las lluvias intensas, incluso en años de bajo nivel de precipitaciones.
Más grave aún es la proliferación de canales clandestinos, realizados de manera informal y sin supervisión técnica, que alteran los flujos naturales, afectan la retención de agua y, en muchos casos, perjudican a campos vecinos en lugar de aliviarlos. Esta práctica, conocida pero escasamente fiscalizada por las autoridades provinciales, constituye una forma de “anarquía hídrica” que profundiza los desequilibrios en el territorio y genera conflictos entre productores.
El desafío, por lo tanto, no es solo técnico. Es también comunicacional, institucional y político: aceptar que no todas las soluciones tradicionales funcionan en todos los territorios, y que, en ciertas zonas, el verdadero cambio comienza por entender la naturaleza del lugar y asumir responsabilidades concretas en la gestión de lo existente.
En el noroeste bonaerense, la planificación no puede pelearse con la pendiente. Pero tampoco puede excusarse en ella para justificar la inacción, la falta de control o la permisividad frente a prácticas perjudiciales. La geografía impone sus límites, pero la política no puede seguir ignorándolos.
