Las entidades que impulsan el amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares, acompañado por más de 850.000 firmas, cuestionan al juez federal de Santa Rosa. Según su comunicado, al unificar la causa con la de la provincia de La Pampa, la demanda, la prueba y las adhesiones no figuran en el expediente electrónico.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace denunciaron este viernes que la demanda colectiva que presentaron contra la reforma de la Ley de Glaciares quedó en una situación de incertidumbre judicial. Según su comunicado, el escrito, sus fundamentos, la prueba técnica y las más de 850.000 firmas que lo acompañan no aparecen incorporados en el expediente al que el juez remitió a los demandantes.
La acción es un amparo ambiental colectivo que tramita bajo la carátula «Esquivel» (Expte. FBB 5866/2026). Se presentó el 5 de mayo de 2026 ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric. Reclama la nulidad y la inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y la suspensión de su aplicación en todo el país.
La cronología, según las organizaciones
Después de dos pedidos de pronto despacho, en agosto y septiembre, el juez declaró el 8 de octubre la conexidad de la causa con el expediente que inició la provincia de La Pampa. El 12 de noviembre, frente a un escrito que pedía resolver las medidas cautelares propias sin atarlas al trámite pampeano, el magistrado informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento. También restringió el acceso a todo el expediente y remitió a los demandantes a actuar en la causa de La Pampa.
Las entidades sostienen que, al revisar ese otro expediente, la demanda colectiva no figura incorporada. También señalan que, a seis meses de presentado el amparo, siguen sin resolverse las cautelares pedidas y el planteo de inconstitucionalidad. El jueves 19 presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Piden que se deje sin efecto el archivo y la restricción del expediente y, si el juez lo rechaza, que intervenga la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.Entre la documentación técnica que, según las organizaciones, quedó sin evaluar figura la referida al proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y a su posible impacto sobre el glaciar de escombros GE110, en San Juan.
Lo que ya resolvió la Justicia en la causa de La Pampa
La causa de la provincia tiene antecedentes propios. El expediente FBB 4471/2026, caratulado «Provincia de La Pampa y otros c/ Estado Nacional s/ amparo», tramita ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal de Santa Rosa. En mayo, el juez Baric rechazó la cautelar pedida por la provincia, la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas. Consideró que el planteo se había hecho «en abstracto», sin individualizar proyectos concretos ni glaciares afectados que permitan sostener un perjuicio ambiental inminente. Al mismo tiempo, admitió el trámite del amparo colectivo ambiental.
El 29 de septiembre de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó ese rechazo. Sostuvo que las leyes gozan de presunción de validez y que suspenderlas es excepcional y exige acreditar perjuicios graves de imposible reparación. Según un antecedente de la misma causa, cualquier acción colectiva contra la reforma debe tramitarse en el juzgado de Santa Rosa.
El Gobierno promulgó la Ley 27.804 mediante el Decreto 271/2026. La norma redefinió el alcance de la protección de los cuerpos de hielo y otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y zonas se preservarán. Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es «ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones arbitrarias y fortalecer» el rol de las provincias. Las organizaciones ambientalistas, en cambio, sostienen que la reforma reduce el estándar de protección de las reservas de agua.






