El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ordenó el desplazamiento del supervisor oficial de Vialidad Nacional que había avalado los incrementos de peajes en el tramo Pampa de la Ruta Nacional 5, luego de que una inspección complementar confirmara que la concesionaria no había completado las obras declaradas. La medida se acompaña de la suspensión de los aumentos y de la apertura de sumarios sancionatorios contra la empresa.
Según informó el medio Letra E, el Gobierno había autorizado a mediados de octubre subas de entre el 139% y el 330% a la concesionaria Pentavía, controlada por la constructora mendocina Ceosa y dirigida por el empresario Fernando Porretta. Diez días después de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, una revisión ordenada por la cúpula de Vialidad detectó que la mayor parte de los trabajos de “puesta en valor” informados por la empresa estaban incompletos o no cumplían los parámetros técnicos exigidos.
El inspector que había dado por aprobadas esas obras fue separado de su cargo. En su lugar fue designada la ingeniera Daniela Hardouin, con la instrucción de controlar de manera exhaustiva tanto el estado de la ruta como la cantidad y calidad de los arreglos realizados. Paralelamente, se abrieron dos expedientes sancionatorios contra Pentavía. Fuentes del sector estiman que la multa podría ubicarse entre 150 y 200 millones de pesos. Además, se prepara un mecanismo de devolución a los usuarios que pagaron las tarifas elevadas entre mediados de octubre y el 2 de noviembre, diferenciado según hayan utilizado TelePase o pago en efectivo.
Con la marcha atrás, los peajes volvieron a los valores previos. En el caso de los automóviles con TelePase, el valor bajó de $4.262 a $1.787 en las cabinas de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Los camiones de tres ejes pasaron de $12.786 a $5.361, mientras que los de mayor porte (siete y ocho ejes) redujeron su tarifa de más de $29.000-$38.000 a alrededor de $8.935.
Consecuencias
El episodio pone bajo la lupa no solo a Pentavía, sino a otras concesionarias que asumieron tramos de la red vial nacional en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno. Según Letra E, las autoridades observan con preocupación demoras en los arreglos prioritarios por parte de al menos cuatro operadores: Corresur (Acceso Sur, Atlántico y Sur), la empresa vinculada a Cristóbal López en el tramo Portuario Norte, y las operadoras de los tramos Noroeste (grupo Cartellone) y Noreste.
La situación genera interrogantes sobre el ritmo real de mejora de las rutas transferidas a manos privadas y sobre la efectividad de los mecanismos de control estatal. Para los usuarios y el sector productivo, el impacto inmediato es la reversión de un aumento de costos de transporte que había entrado en vigencia. A mediano plazo, el caso podría derivar en un endurecimiento de las fiscalizaciones y en mayores exigencias de cumplimiento a las concesionarias, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer inversión privada a la infraestructura vial con beneficios impositivos condicionados.
