Hay una postal de estos días en Nueve de Julio que conviene mirar dos veces. La Municipalidad anuncia por radio, por redes y en cada medio dispuesto a difundirlo que hay planes de pago con una quita del veinte por ciento en los intereses. Al mismo tiempo, sus abogados inician juicios de apremio contra los vecinos. La mano que ofrece el descuento y la mano que firma la demanda pertenecen al mismo cuerpo.Hasta ahí, cualquiera podría decir que es una cuestión de estilo. El municipio tiene derecho a cobrar lo que se le debe, y la ley le da una herramienta rápida para hacerlo. El problema empieza cuando uno se toma el trabajo de leer qué se reclama.
Tuve a la vista un expediente de apremio por la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, iniciado contra un contribuyente de esta ciudad. La demanda enumera varias partidas inmobiliarias, y una, por no decir varias, no le pertenece. El vecino figura como deudor de un inmueble que vendió hace años. Sobre esa base, el municipio pidió lo que se pide siempre en estos casos, la inhibición general de bienes y embargos. Traducido al castellano de todos los días, por una deuda ajena una persona puede quedar con su patrimonio bloqueado, sin poder vender, hipotecar ni escriturar nada. La demanda lleva la firma del abogado Gabriel Agrifoglio, apoderado de la Municipalidad que conduce la intendenta María José Gentile.
Hay un detalle que vuelve la escena todavía más llamativa. El contribuyente no esperó a que lo notificaran. Se presentó espontáneamente en el expediente, se allanó y pidió depositar lo reclamado. No hay sentencia, porque no hizo falta llegar hasta ahí. Del otro lado del mostrador había alguien dispuesto a pagar y una oficina que ni siquiera había verificado a quién le estaba cobrando. El certificado de deuda que sirve de base a estos juicios lo emite el propio municipio. El padrón de contribuyentes y el catastro están en el mismo edificio, a pocos metros de distancia. Antes de pedirle a un juez que inhiba los bienes de un vecino, alguien debería haber chequeado que la partida reclamada le corresponde. Esa es la parte más elemental del trabajo, la que cualquier escribano hace antes de firmar una escritura y cualquier comerciante antes de mandar una factura.
Lo que me inquieta va más allá de este caso. Si una demanda salió con una partida equivocada, cabe preguntarse cuántas más salieron igual. También cuántos vecinos, sin un abogado a mano y con miedo a perder la casa, habrán pagado lo que no debían para sacarse de encima una inhibición. Y cuántos se enteraron del plan con quita de intereses recién después de recibir la cédula del juzgado. Un Estado que cobra mal cobra dos veces. Primero cobra la plata, y después cobra la confianza del vecino que pagó por algo que no le correspondía. La segunda deuda es la más cara, y no hay moratoria que la condone.
La Municipalidad y su apoderado tendrán que explicar cómo se confeccionan los certificados de deuda, qué controles existen antes de iniciar un apremio y cuántos juicios se iniciaron este año por tasas municipales. Convendría que lo hicieran pronto, porque el asunto podría no quedarse en el juzgado de apremios. Un certificado de deuda es un instrumento público. Si se probara que alguien certificó a sabiendas una deuda que no correspondía, para obtener de un juez una inhibición sobre los bienes de un vecino, el Código Penal tiene nombres para eso, falsedad ideológica de instrumento público y estafa procesal. No sería extraño que en las próximas semanas esas palabras empiecen a aparecer en denuncias. Seguramente el municipio y su apoderado tendrán que dar esas explicaciones en sede penal.
El Lobo
