Apenas dos semanas después de haber autorizado un incremento tarifario de hasta un 330%, la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina obligó a la empresa Pentavía a retrotraer el valor de los peajes en la Ruta Nacional 5 y a reintegrar a los usuarios los cobros excedentes registrados desde mediados de octubre. La medida preventiva se originó tras constatar que la concesionaria, perteneciente a la firma constructora mendocina CEOSA, carece de las maquinarias, el equipamiento operativo y el personal necesarios para cumplir con las labores de conservación y mantenimiento de rutina exigidas sobre la traza.
Según detalló una investigación publicada por el portal especializado Energía y Transporte, la rectificación tarifaria dejó al descubierto falencias en la desregulación normativa impulsada por el Ejecutivo. La reducción de los plazos de respuesta estatales habría forzado al organismo regulador a convalidar los aumentos sin haber corroborado previamente el cumplimiento efectivo de las condiciones del contrato. Ante el riesgo de afrontar contingencias judiciales por deficiencias de fiscalización, Vialidad Nacional procedió a retrotraer el cuadro tarifario, aplicar sanciones económicas y disponer la devolución del dinero excedente cobrado en las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.
Con esta marcha atrás temporal, el costo del peaje con sistema de cobro electrónico TelePase para vehículos particulares se redujo de $4.262,18 a $1.787,10. En el caso del transporte pesado, las tarifas sufrieron reducciones proporcionales significativas: los camiones de cuatro ejes pasaron de abonar $17.048,17 a $5.361,30, mientras que para las unidades de mayor porte de ocho ejes la cifra cayó de $38.359,59 a $8.935,50. Las motocicletas, que habían comenzado a pagar peaje durante la vigencia del incremento, recuperaron la exención temporal del cobro.
La marcha atrás oficial generó duras críticas por parte de los sectores que representan a los automovilistas y al transporte. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), su coordinador Ricardo Lasca calificó el episodio como un «papelón» que ratifica la urgencia de estructurar un ente de control independiente que integre a los usuarios para auditar el desempeño de las operadoras viales. A la par, agrupaciones de vecinos, productores agropecuarios y municipios de la región manifestaron su disconformidad con el esquema concesional adjudicado por un plazo de 20 años. Reclaman que el contrato vigente prevé incorporar dos nuevas plazas de cobro en Gorostiaga y Lonquimay, pero excluye la construcción de autovías o la ampliación de calzadas, limitándose a labores de conservación.
Las autoridades viales precisaron que las tarifas previas continuarán vigentes únicamente de forma transitoria. El incremento autorizado volverá a aplicarse una vez que Pentavía acredite de manera fehaciente disponer de los recursos técnicos y humanos mínimos requeridos para garantizar la transitabilidad y la seguridad vial a lo largo de toda la traza.
