Manuel Adorni presentó en la Justicia su justificación patrimonial en la causa por enriquecimiento ilícito. Setenta y ocho páginas que intentan cerrar una cuenta que, puesta en orden cronológico, sigue sin cerrar.
En el último día del plazo, la defensa de Manuel Adorni entregó al fiscal federal Gerardo Pollicita un escrito de setenta y ocho páginas con respuestas a las veinte preguntas que la fiscalía le había formulado sobre su patrimonio. La causa tramita ante el juzgado de Ariel Lijo e investiga la evolución de sus bienes entre el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió como funcionario, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete. La conclusión del escrito es que esa evolución «encuentra sustento razonable y verificable». Para evaluar esa frase no hace falta opinar. Alcanza con poner las declaraciones juradas del propio Adorni una detrás de la otra.
La secuencia, según sus declaraciones juradas
- Diciembre de 2023. Al asumir declara un patrimonio de alrededor de 26 millones de pesos. La mitad de un departamento en Parque Chacabuco, otro en La Plata, un auto de 2019 y ahorros. Un perfil austero.
- 2024. En la declaración original, el patrimonio neto de ese año figura en 12,4 millones de pesos.
- Marzo y abril de 2026. Se abre la causa penal y la Justicia levanta el secreto bancario.
- 10 de junio de 2026. Con la investigación en curso, Adorni rectifica sus declaraciones. El patrimonio de 2023 pasa de 26,7 a 478,1 millones de pesos. El de 2024, de 12,4 a 570 millones. Aparecen más de 500.000 dólares en efectivo que antes no figuraban y la mitad de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
- 11 de junio de 2026. Presenta la declaración de 2025, con un patrimonio neto de 627,2 millones de pesos. Se suma la mitad de un departamento en Caballito, comprado en noviembre de 2025 en 230.000 dólares.
- 27 de junio de 2026. Deja el cargo.
- 21 de septiembre de 2026. Presenta la justificación ante la fiscalía.
Medido en términos reales, descontada la inflación, el crecimiento entre la declaración original de 2023 y la de 2025 supera el 400 por ciento. Pero el dato más revelador no es el porcentaje, sino el momento. Los bienes que explican ese salto no aparecieron durante la gestión, sino después de que la Justicia empezara a preguntar por ellos.
La explicación central de la defensa es una inversión en bitcoin realizada entre 2014 y 2018, con un capital inicial de 200.000 dólares que habría generado otros 300.000 de ganancia. De ahí saldría el efectivo que respalda todo lo demás. El problema es aritmético antes que judicial. Quien tenía esa suma disponible en 2014 declaró, al asumir en 2023, un patrimonio de unos 26 millones de pesos. Especialistas que revisaron la documentación presentada con las rectificaciones calificaron los cálculos de confusos y erróneos.
El resto del andamiaje descansa en préstamos. Madre y abuela aportaron 42.500 dólares. La casa de Indio Cuá, de 120.000 dólares, se pagó con 20.000 en efectivo y 100.000 prestados por particulares, sin intervención bancaria. El departamento de Caballito se pagó con 30.000 dólares en efectivo y una hipoteca privada de 200.000, otorgada por las propias vendedoras, a dos años y sin interés. Todo es legal. Todo es posible. Pero una hipoteca sin interés entre desconocidos en la Argentina de 2025 es, por lo menos, una rareza que merece más que una línea.
La fiscalía, además, atribuye a las refacciones de Indio Cuá un gasto de 245.000 dólares pagados en efectivo a un contratista. La defensa lo niega y sostiene que el costo fue menor y salió de ahorros propios. Y queda en pie la brecha que la investigación detectó en el período: ingresos por 229,7 millones de pesos frente a gastos por 272,8 millones, con una diferencia superior a los 43 millones, a la que se suman unos 400.000 dólares que, según la investigación, no encuentran correlato en ingresos lícitos comprobados.
Conviene recordar qué es exactamente lo que se discute. El delito de enriquecimiento ilícito del artículo 268 (2) del Código Penal tiene una particularidad: se configura cuando el funcionario, requerido a justificar un enriquecimiento apreciable posterior a su asunción, no lo justifica. La carga de la explicación la tiene él. Por eso este escrito no es un trámite más, sino el acto central de la causa. Y por eso importa tanto que las explicaciones remitan a una inversión de hace doce años con documentación discutida, a préstamos de particulares y a pagos en efectivo sin factura.
Nada de esto convierte a Adorni en culpable. Rige la presunción de inocencia y corresponde que sea la Justicia la que diga si la justificación alcanza. El fiscal puede darla por suficiente, pedir nuevas medidas o citarlo a indagatoria. Pero sí hay algo que se puede afirmar desde ahora, porque surge de sus propios papeles. Un funcionario que declaró un patrimonio modesto al entrar, rectificó sus declaraciones recién cuando lo investigaban y explica la diferencia con bitcoins de 2014, préstamos familiares y dinero en efectivo, no presentó una justificación, presentó una versión.
Adorni fue, durante más de dos años, la voz del Gobierno que prometía terminar con los privilegios de la casta. Esa promesa se mide también en esto. La transparencia no es una consigna para los otros, sino una declaración jurada que cierra el primer día, sin necesidad de rectificarla cuando llega la citación.
