Lo que comenzó como una solución para mitigar los efectos de la sequía y fortalecer el desarrollo productivo de Santiago del Estero, terminó por convertirse en una amenaza para la fauna silvestre y el equilibrio ambiental de una de las regiones más degradadas del país. Se trata del Canal de la Patria, una obra de riego de más de 250 kilómetros financiada por el Estado Nacional, que hoy enfrenta una demanda ambiental ante la Corte Suprema.
El canal, diseñado para abastecer de agua a comunidades rurales y a sectores agrícolas y ganaderos, recorre gran parte del río Salado y atraviesa la ecorregión del Chaco Seco, una de las zonas con mayor deforestación del país. Pero su diseño con paredes de hormigón inclinadas y resbaladizas ha generado un problema inesperado: cientos de animales silvestres mueren ahogados al caer y no poder salir.
Pese a que la obra cuenta con dispositivos como esclusas y escaleras, ninguno resulta eficaz para que animales pequeños o medianos logren escapar. El canal funciona, en la práctica, como un corredor de muerte para especies nativas.
Frente a la inacción del Estado para corregir esta situación, organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre (FVSA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acusando a los gobiernos de Santiago del Estero y de la Nación por daño ambiental agravado.
La presentación judicial está respaldada por informes científicos de instituciones como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el CONICET, la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional del Comahue, entre otras.
“El canal fue pensado para asegurar el acceso al agua, pero su construcción genera un daño irreversible al ambiente. No solo provoca la muerte de animales, algunos de ellos amenazados, sino que también fragmenta hábitats y bloquea los corredores naturales de biodiversidad”, explicó Cristian Fernández, coordinador de legales en FARN.
A su vez, Manuel Jaramillo, director de FVSA, destacó que “el derecho al agua segura es fundamental, pero las obras públicas deben garantizar también el respeto por el entorno y la fauna nativa. No pueden construirse a cualquier costo ambiental”.
El impacto de la obra se agrava aún más por el contexto: Santiago del Estero fue la provincia que más deforestó entre 2009 y 2023, con la pérdida de más de 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que representa el 27,9% de la deforestación nacional en ese período.
MEDIDAS URGENTES RECLAMADAS
Junto con la denuncia, las organizaciones solicitaron que se implementen medidas inmediatas para mitigar el daño, sin afectar la funcionalidad del canal. Entre ellas:
Monitoreo permanente para detectar puntos críticos de mortandad de fauna y evaluar la calidad del agua.
Zonificación de tramos con posibilidad de entubamiento, instalación de bebederos y salidas de escape para los animales.
Plan de gestión ambiental integral para mitigar impactos, establecer plazos de ejecución y evaluar resultados.
Restauración del hábitat circundante y freno a nuevas intervenciones sin estudios de impacto ambiental adecuados.
DESARROLLO SÍ, PERO SOSTENIBLE
El pedido ante la Corte busca sentar un precedente: que las obras de infraestructura, aún las más necesarias, deben planificarse con perspectiva ambiental. El desafío no es menor: lograr que el desarrollo rural y el abastecimiento de agua convivan con la conservación de los ecosistemas nativos, especialmente en zonas críticas como el Chaco seco.
“Este canal tiene una funcionalidad clave para muchas comunidades, pero también un altísimo costo ecológico si no se hacen las correcciones necesarias. Es momento de que el Estado actúe con responsabilidad ambiental y escuche a la ciencia”, concluyó Hernán Casañas, director de Aves Argentinas.
