El sector ambiental vive uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Desde la sanción de la Ley de Glaciares en 2010, que marcó un hito en la protección de los recursos hídricos nacionales, hasta la reciente reformulación de la legislación y la crisis de financiamiento en áreas clave, como el presupuesto para 2026, el panorama no parece ser nada alentador. Con la avasallante presión de gobernadores y grandes empresas, el actual Gobierno avanza en reformas que, según especialistas, ponen en jaque los logros ambientales alcanzados durante décadas.
La Reforma de la Ley de Glaciares: Un Retroceso Enmascarado
Uno de los proyectos más polémicos que se tratarán en las sesiones extraordinarias del Congreso es la reforma de la Ley de Glaciares, que busca modificar el marco normativo vigente. En su momento, esta ley fue un referente mundial en términos de protección ambiental, al establecer un inventario de glaciares y áreas de influencia. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la normativa «está generando inseguridad jurídica», lo que, a su juicio, ha detenido inversiones productivas, especialmente en la minería, sector que actualmente es uno de los mayores generadores de divisas.
La reforma propone, entre otras medidas, ceder a las provincias la facultad de determinar qué glaciares y zonas circundantes quedan bajo protección. Este cambio pone en duda la efectividad de la ley, que originalmente centralizaba el control en organismos científicos como el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología (INIGLA). La modificación no sólo favorece a los intereses mineros, sino que también reduce la cobertura territorial bajo protección, abriendo la puerta a nuevas explotaciones en áreas clave para la regulación hídrica de las cuencas.
Además, uno de los mitos que circulan en torno a la ley es que su sanción prohíbe la minería en gran parte del país. Sin embargo, diversos estudios, como los realizados por el INIGLA, han mostrado que los glaciares ocupan menos del 1% de la superficie total de los Andes. En este sentido, la ley no prohíbe la minería, sino que establece criterios para evitar que actividades extractivas dañen estos recursos vitales para el suministro de agua potable.
A pesar de esta evidencia, sectores políticos y empresariales insisten en que la ley es un «obstáculo» para el desarrollo económico, ignorando los riesgos ambientales a largo plazo. Un informe reciente de Greenpeace advirtió sobre los impactos irreparables que tendría una flexibilización de la normativa, destacando que el medio ambiente y las comunidades que dependen de él se verían gravemente afectados.
El Desfinanciamiento Ambiental
A la reforma de la Ley de Glaciares se suma otro golpe al sector ambiental: el presupuesto 2026, que, según analistas, presenta recortes alarmantes en áreas clave como el manejo de bosques nativos, el combate contra el cambio climático y la protección de los glaciares.
El proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno para el próximo año pone de manifiesto una tendencia de desfinanciamiento de las políticas ambientales. A pesar de la crisis climática y la creciente vulnerabilidad del país a fenómenos naturales extremos, el presupuesto destinado a áreas como la protección de bosques nativos se reduce drásticamente. De acuerdo con un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la partida destinada al fomento de energías renovables y eficiencia energética caerá un 92,8%, mientras que el pago de la deuda externa seguirá ocupando un 9,5% del total del presupuesto.
El impacto del ajuste será especialmente visible en la Subsecretaría de Ambiente, que recibirá un 33,8% menos en términos reales que en 2025. En cuanto a la protección de los bosques nativos, un área clave para la absorción de CO₂, el proyecto asigna apenas el 0,0107% del total del presupuesto nacional, lo que representa una reducción del 28 veces con respecto a lo que estipula la Ley 26.331.
Consecuencias del Desfinanciamiento
La falta de recursos destinados a la protección ambiental tendrá consecuencias a largo plazo, especialmente en el manejo de los incendios forestales y en la conservación de los recursos hídricos. En 2026, el presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego se reducirá en un 69% en términos reales, lo que deja al país en una posición aún más vulnerable ante las consecuencias de la crisis climática. En paralelo, los programas de manejo sostenible de bosques nativos, que en 2023 contaban con un presupuesto de $2000 millones, recibirán solo $23 millones en 2026.
Además, el desfinanciamiento impacta directamente en la capacidad de respuesta frente a los desastres naturales, que cada vez son más frecuentes debido al cambio climático. En el contexto de un país que depende de sus recursos naturales para sostener su economía, esta es una señal preocupante de que se están tomando decisiones que priorizan intereses inmediatos y extractivos por encima de la protección a largo plazo de los ecosistemas.
Un Futuro Comprometido: ¿Es Posible Retroceder?
La combinación de la reforma de la Ley de Glaciares y los drásticos recortes en el presupuesto 2026 deja a la política ambiental en una encrucijada. Expertos en derechos humanos y medioambientales advierten que la flexibilización de las normas y el desfinanciamiento de las políticas públicas no sólo comprometen la sostenibilidad del país, sino que también ponen en riesgo la calidad de vida de millones de argentinos.
Un Momento Decisivo
Lo que está en juego es mucho más que una ley o un presupuesto. En este momento decisivo, el país se enfrenta a una bifurcación: seguir el camino del extractivismo y la desprotección, o apostar por un modelo de desarrollo sostenible que ponga en el centro el bienestar ambiental y social. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían tener consecuencias que marquen el rumbo de Argentina por las próximas décadas. La pregunta es si el Congreso, los gobiernos provinciales y la sociedad civil estarán a la altura de los desafíos que plantea el cambio
