El Municipio presentó esta semana el programa MUNA, que impulsan UNICEF y el gobierno bonaerense para fortalecer los sistemas locales de protección de la niñez. Nueve meses antes había cerrado la Casa de Abrigo porque no podía pagarla.
Por Redacción Extra Digital
El jueves al mediodía, en el San Cayetano, la intendenta María José Gentile encabezó la presentación del programa MUNA, sigla de Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia. Se trata de una iniciativa de UNICEF que en la provincia de Buenos Aires se ejecuta a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y que consiste en un autodiagnóstico sobre la situación de las infancias y adolescencias del distrito y, a partir de él, en la planificación participativa de políticas públicas. Entre sus objetivos declarados figura, en primer lugar, el fortalecimiento de los sistemas locales de protección de derechos.
El programa es bueno y la decisión de sumarse merece registrarse como tal. El autodiagnóstico obliga a un municipio a poner por escrito lo que sabe y lo que no sabe sobre sus chicos, y ese ejercicio, hecho en serio, suele ser más incómodo que cualquier auditoría. Corresponde señalar además un mérito que la política local no siempre exhibe. MUNA lo coordina en el territorio bonaerense la cartera que conduce Andrés Larroque dentro del gobierno de Axel Kicillof, es decir una gestión provincial de signo político distinto al de la intendenta, y aun así el convenio se firmó. Los chicos de Nueve de Julio no votan y no tienen banderas. La articulación institucional, cuando funciona, funciona así.
Dicho eso, hay una pregunta que esta semana quedó sin formularse en la presentación, y es la que sigue. En diciembre del año pasado, la Secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, explicó públicamente que el municipio no podía sostener el funcionamiento de la Casa de Abrigo por los altos gastos que demandaba el cuidado de los menores allí alojados, y atribuyó la decisión a la emergencia económica. La Casa de Abrigo era el único dispositivo local de alojamiento para niñas, niños y adolescentes separados de su medio familiar, funcionaba en el marco de la Ley 13.298 y contaba con convenio del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Se cerró.
En julio de este año, el municipio presentó el programa Familias Solidarias, que ofrece hogares transitorios como alternativa al alojamiento institucional. Es una herramienta valiosa y la Provincia la promueve. Pero arrancó con una capacidad inicial de tres lugares, y el propio plan original preveía que funcionara junto con la Casa de Abrigo y no en su reemplazo. Nueve meses después de aquel cierre, el mismo municipio adhiere a un programa internacional cuyo primer objetivo es fortalecer el sistema local de protección de derechos.
La incongruencia no está en adherir. Está en la secuencia. Un sistema local de protección no se fortalece con convenios, se fortalece con dispositivos que funcionan cuando a las tres de la mañana hay que retirar a un chico de su casa y darle una cama esa misma noche. Eso es lo que se cerró por razones presupuestarias, y eso es exactamente lo que un autodiagnóstico serio debería registrar como el principal déficit del partido. Ahí está la primera prueba del programa: si el relevamiento no consigna que Nueve de Julio se quedó sin Casa de Abrigo, el diagnóstico no será tal.
Conviene decir por qué la diferencia importa. Adherir a una red tiene un costo político bajo, se anuncia en un acto, se fotografía y no compromete una partida. Sostener un hogar cuesta plata todos los meses, genera conflictos gremiales, obliga a supervisar y expone al municipio cada vez que algo sale mal. Lo primero es gestión de imagen y lo segundo es política pública. Ambas cosas pueden convivir, pero la primera no reemplaza a la segunda, y el orden en que se hicieron las cosas en este caso es el inverso al que se esperaría.
El mismo criterio selectivo aparece en otras decisiones. El municipio no integra la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, la RENAMA, que agrupa a treinta y un municipios de la Argentina y el Uruguay, once de ellos bonaerenses, entre los que están Olavarría, Luján, Roque Pérez, Guaminí, Coronel Suárez y Tres Lomas, varios con un perfil productivo parecido al nuestro. Adherir allí implica compromisos concretos sobre el territorio productivo, y quizás existan razones atendibles para no hacerlo. Lo que no hubo es una discusión pública sobre el punto.
Queda por ver qué pasa con el MUNA después del autodiagnóstico, porque la etapa que viene es la que define si el programa deja una política o deja una carpeta. Este medio va a seguir el proceso y publicará el diagnóstico cuando esté terminado. Un relevamiento sobre la situación de los menores del partido es información pública, y los vecinos tienen derecho a conocerlo completo, no resumido en una gacetilla. Empezando por lo que diga, o por lo que calle, sobre la casa que ya no está.
