El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a las leyes aprobadas por el Congreso sobre aumentos a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas con amplio consenso parlamentario a principios de julio, pero el Ejecutivo las rechazó de plano y apostó a sostener el veto en la Cámara de Diputados. El contenido de los decretos se conocerá oficialmente este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, pero desde Casa Rosada ya confirmaron la decisión. Se trata de una jugada política delicada que tensiona aún más las relaciones entre el Gobierno y los bloques opositores, en un momento clave donde también se negocia el cierre de alianzas para las elecciones nacionales de octubre.
Qé implican las leyes vetadas? Un incremento real del 7,2% en los haberes, la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación, y la restitución por dos años de la moratoria previsional, permitiendo el acceso a una jubilación mínima para quienes no llegaran a los 30 años de aportes. En paralelo, la otra norma declaraba la emergencia nacional en discapacidad, con medidas para proteger derechos y garantizar atención a uno de los sectores más vulnerables del país.
El presidente había anticipado que vetaría cualquier medida que pusiera en jaque su política de superávit fiscal. “Aún si se dieran las circunstancias para que el veto se cayera, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos, el daño sería mínimo”, aseguró entonces, aludiendo al escenario legislativo.
En Diputados, la ley había sido aprobada con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, por lo que el desafío del oficialismo está en impedir que la oposición reúna los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial. En el PRO, principal aliado parlamentario de La Libertad Avanza, todavía no hay una postura unificada. La decisión del Ejecutivo generó fuertes reacciones en un amplio espectro político. Desde el kirchnerismo hasta la izquierda y el socialismo, pasando incluso por sectores aliados, el repudio fue contundente.
El veto es una atribución del Poder Ejecutivo a través del cual el presidente puede rechazar total o parcialmente (es decir, todos o uno o algunos artículos) los proyectos de ley sancionados por el Congreso de la Nación.
“Es un mecanismo de frenos y contrapesos, una herramienta en manos del Ejecutivo para evitar cambios que no son de su preferencia”, explicó ak portal web “Chequeado” Ana María Mustapic, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.
Después del veto el proyecto regresa a la primera cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la cámara de revisión (si se introdujo en la Cámara de Diputados, la cámara de revisión es el Senado y viceversa).
En estos casos las votaciones son “nominales”, por sí o por no. Entonces, si en las 2 cámaras la mayoría vota si, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. En cambio, si las cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año.
Por su parte, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.
A pesar de contar con la herramienta de la insistencia parlamentaria, el Congreso raramente insiste en el tratamiento de los proyectos vetados. Según calculó el sitio El Parlamentario, en base a un relevamiento del Centro de Estudios Nueva Mayoría, desde el regreso de la democracia solo en 36 oportunidades el Congreso aprobó una ley que había sido vetada previamente (ver más en “El ranking de los vetos presidenciales”).
Durante su presidencia, Raúl Alfonsín vetó 49 proyectos de ley y solo uno fue ratificado por el Congreso. Por su parte, Carlos Menem -entre 1989 y 1999- vetó 195 normas, de las cuales 30 fueron finalmente aprobadas por insistencia del Parlamento. Su sucesor, Fernando De la Rúa, vetó 46 y el Congreso ratificó 5. Por último, ninguna de las leyes vetadas por Néstor Kirchner (36), Cristina Fernández de Kirchner (18) y Mauricio Macri (5 en su primer año) fueron insistidas por el Congreso.
