La entidad presentó dos escritos el 31 de julio. Reconoce que no canceló íntegramente las facturas de CAMMESA y sostiene que existen créditos a su favor contra el Estado. El organismo corrió traslado a los concejales denunciantes, que tienen noventa días para responder.
Por Redacción Extra Digital
La Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno» Ltda. presentó el pasado 31 de julio dos escritos ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en los que rechaza la denuncia formulada por concejales del bloque La Libertad Avanza y solicita el archivo definitivo de las actuaciones. Ambas presentaciones llevan la firma del presidente de la entidad, Dr. Matías Germán Losinno. El INAES remitió copia de esas respuestas a los denunciantes y les otorgó un plazo para formular observaciones. La notificación advierte que, de no recibirse contestación dentro de los noventa días de recepcionada, se procederá al archivo de las actuaciones.
Qué reconoce y qué discute la entidad
El punto central de la respuesta es la falta de transferencia de fondos a CAMMESA. La Cooperativa expresa que, aun teniendo por ciertos los porcentajes de pago invocados por los denunciantes, esos datos únicamente demostrarían que no canceló íntegramente las facturas emitidas durante esos meses, circunstancia que —afirma— nunca fue desconocida.
Lo que la entidad rechaza es la calificación que los concejales asignan a ese hecho. Sostiene que la diferencia entre lo percibido de los usuarios y lo remitido a CAMMESA se explica dentro de una controversia tarifaria y regulatoria más amplia, y que los ingresos se integran al patrimonio cooperativo para financiar la totalidad del servicio, que incluye salarios, mantenimiento de redes, obligaciones tributarias e inversiones.
El eje jurídico de la defensa son los créditos compensatorios. La Cooperativa invoca el artículo 15 de la Ley 27.341 y el artículo 87 de la Ley 27.591, y sostiene que el Estado mantiene la obligación de determinar y reconocer créditos a favor de las distribuidoras originados en los regímenes tarifarios de emergencia. Bajo esa lectura, argumenta que pagar la totalidad de lo reclamado sin activar previamente el procedimiento de compensación habría implicado un desplazamiento patrimonial injustificado en perjuicio de los asociados.
Respecto de los convenios firmados con CAMMESA, la entidad afirma que no fueron el resultado de una negociación libre. Describe instrumentos predispuestos por la autoridad estatal, sin posibilidad real de discutir condiciones, frente a la alternativa de quedar expuesta a ejecuciones, embargos de cuentas recaudadoras y pérdida de beneficios. Señala además que el instrumento celebrado el 31 de agosto de 2023 reconoció un crédito de $56.822.043 a favor de la distribuidora.
La Cooperativa informa también que cuenta con auditoría externa a cargo de Iorio Valentini y Asociados Contadores Consultores S.R.L. y que se encuentra sometida a tareas de fiscalización dispuestas por el propio INAES.
El planteo sobre la legitimación
Buena parte de ambos escritos está dedicada a cuestionar el carácter de los denunciantes. La entidad sostiene que los concejales no acompañaron ordenanza, resolución ni mandato del Honorable Concejo Deliberante que los autorice a presentarse en representación institucional del cuerpo, y que su condición de concejales no los convierte por sí sola en autoridad de contralor de la Cooperativa.En ese marco, argumenta que la fiscalización del servicio corresponde al OCEBA en lo regulatorio, al Departamento Ejecutivo Municipal en lo relativo a la concesión y al INAES en lo institucional.
Qué denunciaron los concejales
La ampliación de denuncia presentada por Luis Moos, Sol Ormaechea, Vanesa Silvana Paladino, Héctor Carta y Pablo Giacomino sostiene que entre julio y octubre de 2024 la entidad transfirió a CAMMESA el 0%, 0%, 1% y 0% de su facturación corriente de energía, mientras continuaba percibiendo con normalidad la facturación a los asociados.
El escrito plantea que existe una masa de fondos cuyo destino no surge del descargo ni de documentación contable puesta a disposición, y solicita una auditoría sobre el flujo de fondos mensual desde enero de 2024. Reclama además el detalle de honorarios profesionales vinculados a la estrategia judicial, la nómina de juicios de los últimos cinco ejercicios y las constancias de tratamiento asambleario de la decisión de cesar los pagos.
Como elemento comparativo, la presentación afirma que 29 de las 35 cooperativas eléctricas bonaerenses abonaron el 100% de la facturación corriente bajo el mismo régimen, y que la Cooperativa de Azul, incorporada al mismo proceso colectivo, mantuvo sus reclamos sin cesar sus pagos. Los denunciantes señalan también que la ejecución en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 1 involucra un capital de $1.088.464.921,82, con una previsión adicional de $326.539.476 en concepto de intereses y costas.
