El 13 de mayo de 2026, el Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario abandonó la sala de audiencias para recorrer durante casi tres horas el territorio de Pergamino donde se investigan las fumigaciones con agrotóxicos que forman el núcleo del juicio oral y público en curso. La diligencia, denominada inspección ocular, fue solicitada por la querella y aceptada por unanimidad por los integrantes del Tribunal. Su realización marca el inicio del tramo final de una causa que lleva años de instrucción y que se ha convertido en un antecedente judicial de alcance nacional en materia de derecho ambiental.
En el banquillo de los acusados se encuentran productores agroindustriales, fumigadores y funcionarios municipales. Las imputaciones apuntan a la contaminación ambiental con agrotóxicos en zonas rurales y periurbanas del distrito, en cercanías de viviendas, establecimientos educativos y fuentes de agua.
La inspección: cuando el expediente se encontró con el territorio
La inspección ocular comenzó en la localidad de Juan A. de la Peña, vinculada a la imputación que recae sobre José Luis Grattone, fumigador e ingeniero agrónomo, y sobre Cristian Taboada, empleado suyo. El Tribunal se detuvo frente a un establecimiento educativo cuyo jardín linda directamente con el campo que Grattone habría fumigado, en aparente violación de la ordenanza local que establece un resguardo mínimo de cien metros.
Desde allí, el recorrido continuó hacia la vivienda del testigo Héctor Spagna, quien declaró durante el juicio haber presenciado cómo el imputado Fernando Cortese descargaba agrotóxicos desde una máquina fumigadora sobre la Ruta Nacional 188. Spagna también relató episodios de exposición directa que le generaron reacciones físicas severas. La inspección permitió al Tribunal constatar in situ las distancias y condiciones descriptas en los testimonios.
La comitiva se dirigió luego al sector de Villa Alicia, donde se ubican los campos vinculados a los imputados Cortese, Víctor Tiribó y Mario Roces. En el predio de Cortese se identificó el lugar exacto de extracción de muestras de suelo que, según la prueba pericial incorporada al expediente, arrojaron una de las mayores cargas de plaguicidas detectadas en toda la causa. Durante el ingreso al campo se registró un incidente con la esposa del imputado, quien intentó impedir el acceso de parte de la prensa y de testigos presentes en la diligencia.
Viviendas, escuelas y agua: la prueba sobre el territorio
En el campo de Tiribó, el Tribunal pudo observar la cercanía entre el predio y las viviendas de varios testigos que declararon durante el juicio. Entre ellos, Paola Díaz, quien relató afectaciones a la salud de su familia vinculadas a las fumigaciones, incluyendo la muerte de su hija de doce años por leucemia. Erika Díaz, por su parte, describió fumigaciones realizadas con mosquito y mochila, con exposición directa para los aplicadores y consecuencias respiratorias y cutáneas en su grupo familiar.
El recorrido incluyó la Escuela Nro. 52 de Villa Alicia, ubicada aproximadamente a doscientos metros del campo de Tiribó. La relevancia de esa parada radicó en que muestras de agua tomadas en las inmediaciones del establecimiento registraron presencia de agrotóxicos en niveles que la pericia oficial calificó como preocupantes. La constatación reviste particular gravedad por tratarse de un espacio donde niños, docentes y familias desarrollan actividades cotidianas.
En el campo del imputado Roces — cuya defensa intentó evitar el juicio oral alegando una demencia sobreviniente, planteo que el Tribunal rechazó — el presidente del Tribunal, Dr. Román Lanzón, se paró en la puerta de la vivienda de Sabrina Ortiz, una de las querellantes, y pudo observar de manera directa la proximidad entre la casa y el predio. Ortiz fue quien impulsó originalmente la denuncia, luego de que estudios detectaran glifosato y AMPA en la orina de sus hijos, además de resultados compatibles con daño genético en integrantes de su familia.
El recorrido culminó en el paraje de Ayersa, vinculado a los hermanos Sabattini. Allí se verificó el lugar de extracción de muestras de suelo cuyos resultados fueron compatibles con un predio sometido regularmente a fumigaciones. En este caso, según constancias del expediente, las fumigaciones habrían ocurrido violando una medida cautelar judicial que prohibía aplicaciones en un radio de 1.095 metros, dictada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.
Un antecedente con historia
La inspección ocular de Pergamino es la tercera de este tipo en procesos judiciales vinculados a fumigaciones con agrotóxicos en la Argentina. La primera tuvo lugar en el juicio del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, el primero de su tipo en el país y en América Latina, iniciado en 2012 tras años de denuncia de los vecinos del barrio. Ese proceso concluyó con la condena de un productor rural y un aeroaplicador.
La segunda inspección se realizó en el marco del amparo por las fumigaciones en la Escuela Rural Martín Fierro, en el partido de Coronel Suárez, afectada en 2014 por una fumigación terrestre durante el horario escolar. En ese caso se dictó una medida cautelar que estableció zonas de exclusión de fumigaciones alrededor del establecimiento.
En Pergamino, por primera vez en este tramo del proceso, un Tribunal Oral Federal recorrió el territorio donde se investiga un patrón de fumigaciones que involucra a productores, aplicadores y funcionarios municipales. La diligencia permitió articular tres dimensiones de la prueba que habitualmente se analizan por separado: los testimonios de los vecinos, la evidencia científica de las pericias y la geografía concreta de la exposición.
Los próximos pasos del juicio
Concluida la inspección, el juicio retorna a Rosario para sus últimas etapas. El 20 de mayo de 2026 se realizará la audiencia de cierre de la etapa probatoria, en la que está prevista la declaración de testigos ofrecidos por la defensa del imputado Cortese — médicos toxicólogos que intentarán sostener la tesis de las Buenas Prácticas Agrícolas como respuesta a la prueba ambiental y sanitaria producida en la causa.
Los alegatos finales están previstos para los días 27 y 28 de mayo de 2026. La querella expondrá en primer término, dividiendo su presentación entre la dogmática penal y la dogmática ambiental. Le seguirá el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Federico Reynares Solari. Luego será el turno de las defensas. Tras los alegatos, el Tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia en lo que se ha convertido en uno de los juicios ambientales más relevantes de la historia judicial argentina.
