En los últimos meses, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una seguidilla de denuncias judiciales y exposiciones mediáticas que combinan acusaciones impositivas, presunto lavado de activos y sospechas patrimoniales. Algunas de esas presentaciones fueron impulsadas por referentes de la Coalición Cívica; otras, por organismos del Estado como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General Impositiva (DGI).
El escenario, por ahora, es el de una trama judicial compleja y fragmentada, con expedientes abiertos en distintos fueros y jurisdicciones. Frente a ese cuadro, la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, denuncia la existencia de una “operación mediática” destinada a erosionar su conducción. Entre el cúmulo de presentaciones, hay tres causas que concentraron la mayor atención pública.
La primera es la denuncia de ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social. Es, hasta el momento, la única en la que aparecen imputados Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Según la acusación, la asociación no habría ingresado en tiempo y forma el pago del IVA, el Impuesto a las Ganancias y los aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto total de $19.353.546.843,85. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante.
La segunda causa de alto impacto es la que involucra a Sur Finanzas, una financiera propiedad de Ariel Vallejo. La investigación está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona. Allí, la DGI denunció una presunta evasión por $3.327.267.047 y se investiga el movimiento de más de $72.342 millones a través de al menos 74 empresas consideradas apócrifas, según informó la agencia NA.
En ese marco, la Justicia intenta determinar si existió un entramado de lavado de activos del que podría haber participado la AFA. Por ese motivo se realizaron numerosos allanamientos, con secuestro de documentación y teléfonos celulares que aún están siendo analizados. En la causa se presentaron también Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, de TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para su representación comercial internacional, con un contrato que establecía una comisión del 30% por sus servicios.
La tercera investigación apunta a una quinta de lujo ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y fue impulsada por denuncias de Elisa Carrió, el legislador Facundo Del Gaiso y el asesor Matías Yofe, todos vinculados a la Coalición Cívica. La presentación señala como titulares formales del inmueble a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, a quienes acusa de actuar como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. En el lugar se encontraron vehículos de alta gama. La causa quedó radicada en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana, tras una decisión de la Cámara de San Martín.
Desde Viamonte, la respuesta fue dura. La AFA habló de una “trama de mentiras y desinformación” orientada a generar desgaste institucional y forzar negociaciones con sectores que —según la entidad— perdieron contratos y buscan recuperar antiguos privilegios económicos. En paralelo, Tapia denunció al periodista Claudio Gravellona por “amenazas y hostigamiento” ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.
