Por Redacción Extra Digital
El gobierno de Javier Milei ha anunció este martes el cierre definitivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión, confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, implica que las funciones de la agencia serán absorbidas directamente por el Ministerio de Salud a partir de 2026.
La medida se presenta como parte de un plan de reestructuración estatal que busca, según el Ejecutivo, eliminar capas burocráticas y garantizar la transparencia tras una serie de escándalos que han sacudido a la institución en los últimos meses. El anuncio llega en un clima de alta tensión política, marcado por investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la gestión de prestaciones y contrataciones que han salpicado incluso a figuras cercanas al entorno presidencial.
Un cierre bajo la sombra de la sospecha
El cierre de la ANDIS no es un movimiento aislado. Se produce después de que se hicieran públicos audios y denuncias que involucraban a exfuncionarios del organismo en una red de supuestas coimas y beneficios indebidos. Desde la Casa Rosada, Adorni fue contundente al afirmar que la agencia «tal como la conocemos dejará de existir» debido a un «descontrol administrativo incompatible con una gestión pública transparente».
El gobierno sostiene que la autonomía de la que gozaba la agencia facilitó la falta de control, permitiendo que recursos destinados a las personas con discapacidad terminaran en manos de empresas y fundaciones con sedes inexistentes o en condiciones de extrema precariedad. Con el traspaso a la cartera de Salud, se espera implementar auditorías permanentes y un sistema de trazabilidad de expedientes para evitar nuevas filtraciones de fondos.
Reducción de cargos y futuro de las pensiones
La reestructuración conlleva un recorte significativo en la planta política. Según los datos oficiales, se eliminarán 16 cargos jerárquicos, lo que representa una reducción de casi el 46% en la estructura de mando del organismo. A pesar de la magnitud del cambio, el jefe de Gabinete aseguró que no se verán afectadas las prestaciones actuales ni se suspenderán las pensiones no contributivas, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos legales vigentes.
Sin embargo, el anuncio ha encendido las alarmas entre las organizaciones de la sociedad civil y la oposición. El temor principal radica en que el enfoque sanitario del Ministerio de Salud eclipse la mirada integral que requiere la discapacidad, la cual abarca también aspectos educativos, laborales y de transporte. «Es un retroceso enorme; la discapacidad no es solo un problema de salud, es un tema de derechos humanos e inclusión social», expresaron referentes del sector durante una manifestación frente a la Plaza de Mayo.
Reacciones y desafíos legislativos
En el Congreso, la oposición ha calificado la medida como un intento de «encubrir» los escándalos de corrupción mediante la eliminación del ente investigador. Diversos bloques han solicitado que los ministros involucrados comparezcan para explicar cómo se garantizará la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y otros trámites esenciales que ahora entran en un periodo de incertidumbre administrativa.
Mientras el Gobierno se prepara para iniciar el inventario de recursos y personal la próxima semana, miles de familias en todo el país observan con recelo el fin de un organismo que, pese a sus fallas, era el único interlocutor directo con el Estado. El desafío para la administración de Milei será demostrar que esta centralización no se traduce en un ajuste encubierto para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
