Fallos que huelen mal, testigos que mienten y medios que incomodan
Cuando una jueza firma un fallo que ignora pruebas oficiales, cuando los testigos declaran lo contrario a lo que indica un certificado médico del Estado, y cuando el periodismo que denuncia esta realidad es señalado por “tener intereses”, la pregunta ya no es qué se está ocultando, sino cuántos están dispuestos a encubrirlo.
La Denuncia
La acusación se dirige directamente hacia la jueza María Teresa Bomaggio, quien absolvió a Estela María Paladino basándose en un poder legal otorgado por una persona que, en ese momento, padecía afasia mixta severa: una condición neurológica que impide tanto comprender como expresarse verbalmente. Esta incapacidad no era una simple suposición o una interpretación ambigua; estaba acreditada mediante informes médicos oficiales, incluido un certificado emitido por el Ministerio de Salud bonaerense, vigente en el período de los hechos.
Lo más grotesco, y profundamente indignante, es que fue la propia defensa de Paladino quien presentó este certificado médico oficial, que documentaba una afasia tanto de comprensión como de expresión. Es decir, no se trataba solo de dificultades para hablar, sino de una afectación grave en la capacidad de entender el lenguaje, los hechos y el contexto. A pesar de ello, durante el juicio, los abogados defensores y varios testigos intentaron instalar la idea de que la persona comprendía perfectamente lo que sucedía, y que simplemente tenía problemas para expresarse verbalmente.
La Maniobra
Este intento de engaño no es solo contradictorio con los hechos documentados, sino que resulta directamente falso. Lo que resulta aún más alarmante es que la jueza Bomaggio, en lugar de desestimar la versión conveniente de la defensa, decidió sostenerla, desestimando la evidencia clínica y pasando por alto un principio jurídico elemental: la plena capacidad cognitiva es indispensable para cualquier acto jurídico, desde otorgar un poder hasta asumir responsabilidades. Sin comprensión, no hay voluntad válida. Negar esta base no es un error técnico; es una violación deliberada del derecho y una injusticia hacia quien más necesita protección.
Pero la situación no termina ahí. Todos los testigos que declararon a favor de la imputada lo hicieron ignorando —o, más grave aún, contradiciendo— la prueba oficial que demostraba la incapacidad cognitiva de quien otorgó el poder. El resultado de este falso testimonio podría derivar en cargos por falso testimonio, un delito penal que, cuando es permitido por la justicia, convierte a las autoridades en cómplices.
Reflexión Final
La denuncia presentada por Primo Casciola no se limita a señalar un fallo judicial cuestionable, sino que toca temas mucho más graves: prevaricato, encubrimiento y discriminación. Porque Casciola, además de ser víctima, es también docente y persona con discapacidad, y esto no fue un detalle menor en un sistema judicial que muchas veces castiga más al vulnerable que al poderoso.
Y, sin embargo, en lugar de investigar a fondo las graves irregularidades denunciadas, algunos sectores decidieron atacar al Semanario Extra por el “atrevimiento” de publicar lo que muchos prefieren callar. Se nos acusa de tener “intereses”. Y sí, los tenemos: el interés de informar, el interés de hacer justicia, el interés de que la verdad no sea patrimonio de unos pocos con toga.
Porque si lo que molesta no es la mentira, sino quién la revela, ya no estamos hablando solo de un problema judicial, sino de un sistema que prefiere la oscuridad al control. Y aquí, el periodismo tiene una única obligación: informar. Mientras haya fallos que huelen mal, testigos que mienten y medios que informan, aún queda una esperanza de que alguien, en algún lugar, esté dispuesto a escuchar.
El Lobo
