La política previsional del gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más críticos. Desde diciembre de 2023, los haberes jubilatorios registran una caída significativa en términos reales, con un impacto directo sobre más de seis millones de personas que dependen de una jubilación o pensión para sostener su economía cotidiana.
El ajuste no solo se refleja en el haber básico. El bono compensatorio que percibe la mayoría de los jubilados que cobran la mínima permanece prácticamente congelado, muy por debajo de lo que hubiera correspondido si se actualizaba con el mismo criterio que las jubilaciones. De haberse aplicado ese mecanismo, el refuerzo debería superar hoy los $177.000, más del doble de su valor actual.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la estrategia adoptada por el Ejecutivo produjo un deterioro sostenido de los ingresos previsionales. El estudio señala que, de haberse mantenido el esquema de movilidad anterior, los haberes actuales serían hasta un 27% más altos que los vigentes.
El cambio de la fórmula y sus efectos
El punto de inflexión fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria y la ató exclusivamente a la inflación, dejando sin efecto la Ley 27.609, en vigor desde 2021. Si bien el nuevo sistema permitió una recomposición parcial en los primeros meses de 2024, no alcanzó para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
Los números ilustran la magnitud del impacto. En diciembre de 2025, la jubilación mínima podría haber alcanzado los $434.279 si se hubiera mantenido la fórmula anterior. En cambio, con el esquema actual, el haber quedó muy por debajo de ese nivel, sin recuperar el terreno perdido frente a la inflación.
El bono, cada vez más rezagado
El desfasaje es aún más evidente en el bono previsional. Desde marzo de 2024, el refuerzo permanece congelado, mientras que las jubilaciones mínimas aumentaron alrededor de un 154% hasta diciembre de 2025. En el mismo período, el bono solo se incrementó un 101%, profundizando la pérdida de ingresos reales para el 70% de los jubilados que dependen de ese complemento. En términos concretos, si el bono hubiera acompañado la evolución del haber mínimo, hoy debería ubicarse en torno a los $177.485. La brecha entre ese valor teórico y el monto efectivamente percibido explica buena parte del malestar creciente entre los adultos mayores.
El veto que cerró una vía de corrección
En julio de 2025, el Congreso intentó introducir una corrección parcial. La ley aprobada preveía un aumento excepcional del 7,2% para compensar la inflación acumulada y una actualización del bono a $110.000, con ajustes posteriores. La iniciativa, sin embargo, fue vetada por el Presidente, dejando sin efecto la recomposición. El resultado es una situación de creciente fragilidad social. En un contexto de alta inflación y encarecimiento del costo de vida, los jubilados —en especial quienes perciben la mínima— ven reducido su margen de subsistencia, sin herramientas claras para recomponer ingresos.
En un país donde la jubilación funciona como sostén económico de millones de hogares, el ajuste previsional se consolida como uno de los capítulos más sensibles del programa económico. Mientras tanto, el futuro del sistema y de quienes dependen de él permanece abierto, marcado por la incertidumbre y la pérdida sostenida del poder adquisitivo.
