Por Redacción Extra Digital
Los concejales del bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentaron una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para solicitar la intervención inmediata de su área de fiscalización en la Cooperativa Eléctrica y de Servicios «Mariano Moreno» Limitada (CEyS). Los firmantes – Luis Moos, Sol Ormaechea, Vanesa Paladino, Héctor Carta y Pablo Giacomino- sustentan su reclamo en la existencia de un cuadro generalizado de «opacidad institucional» que, según advierten, pone en riesgo directo el patrimonio de los miles de asociados y usuarios.
El núcleo del reclamo
El argumento principal de los legisladores locales radica en el supuesto incumplimiento sistemático del deber de información y exhibición contable por parte de las autoridades de la cooperativa. De acuerdo con el documento, ni los balances, ni los estados contables, ni los informes de auditoría de los últimos ejercicios económicos se encuentran disponibles al público de manera accesible o transparente. Esta situación, señalan, vulnera de forma flagrante los principios democráticos internos indispensables para el normal funcionamiento de cualquier entidad regida por el sistema de la economía social, impidiendo el control por parte de sus propios miembros.
A la preocupante falta de acceso a la documentación se suma una variable económica que los denunciantes catalogan como crítica. La presentación revela que la entidad arrastra conflictos judiciales de gran magnitud con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Estos procesos ejecutivos activos implican un riesgo inmediato de ejecuciones forzadas, acumulación de intereses de deuda y costos legales millonarios que nunca habrían sido notificados ni explicados de manera oficial a la comunidad de usuarios.
La discrepancia entre los comunicados oficiales emitidos por el Consejo de Administración y la realidad financiera que sugieren los juzgados comerciales constituye otra de las alertas planteadas ante el órgano rector. Los concejales ponen de manifiesto una flagrante contradicción objetiva en la que los discursos institucionales optimistas sobre balances supuestamente positivos carecen de cualquier respaldo documental verificable en la práctica, chocando de frente con las severas causas judiciales en trámite y sugiriendo un posible ocultamiento o deficiente registración de pasivos.
Medidas drásticas y control de gestión
Ante lo que consideran una barrera sistemática al derecho de información y la presunción de un desorden administrativo grave, el bloque de La Libertad Avanza solicitó al INAES la apertura inmediata de actuaciones de investigación y el envío urgente de inspectores para llevar a cabo una auditoría integral contable, financiera y de gestión. La petición es de máxima gravedad, ya que no excluye la remoción temporal de las autoridades vigentes y la designación de un interventor externo en caso de ratificarse las irregularidades denunciadas.
La urgencia del planteo trasciende la habitual disputa política local debido a la naturaleza de los servicios esenciales que provee la cooperativa en el Partido. Al tratarse de recursos indispensables para la vida diaria y de una estructura comunitaria sustancial, un daño económico no mitigado a tiempo podría consolidar un escenario de quiebra institucional con consecuencias de imposible reparación ulterior para el entramado social y económico de todo el distrito.
Para fundamentar el caso, los concejales ofrecieron registros periodísticos, declaraciones públicas y los expedientes de los litigios vigentes con la proveedora mayorista de energía eléctrica. Asimismo, instaron al organismo nacional a librar de oficio una orden para exigir la entrega inmediata de todos los balances, notas complementarias y un desglose pormenorizado de las deudas vigentes.
Los denunciantes cerraron su presentación con una dura advertencia conceptual en la que afirman que «cuando la información no se exhibe, el control deja de ser una opción y pasa a ser una obligación». Añaden que, ante la omisión de los administradores, la intervención del órgano de control estatal no debe ser vista como una medida excepcional, sino como la respuesta institucional necesaria y legalmente prevista. Con la reserva explícita de ampliar la denuncia y recurrir a instancias judiciales tradicionales, se espera la respuesta del INAES, que determinará el destino inmediato y el nivel de transparencia de la CEyS Mariano Moreno.
