Ambos pertenecen a la ONG ‘Conciencia Agroecológica 9 de Julio’ y desde hace años junto a otros vecinas y vecinos vienen luchando por promover y aplicar prácticas de agricultura para producir alimentos sanos y nutritivos al mismo tiempo que se preservan los recursos naturales, se mejora la calidad de vida de las comunidades y se fortalece la soberanía alimentaria.
Adriana Contarini y Guillermo Hough expresaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su trabajo y también contaron la actividad de las asambleas y comunidades del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires que están rechazando de plano el “Proyecto del Veneno” que se debate en el Congreso —presentado como “presupuestos mínimos” para permitir fumigaciones a 10 m (terrestres) y 45 m (aéreas)— y exigen la anulación urgente de la “Resolución del Veneno” bonaerense 246/2018, que incluso habilita cero metro para aplicaciones terrestres.
Denuncian que ambos instrumentos normativos fueron diseñados a la medida del agronegocio y vulneran el art. 41 de la CN y la Ley General del Ambiente (25.675), quebrando los principios de prevención, precaución, progresividad y no regresividad, además de desconocer el Acuerdo de Escazú (Nota de la redacción: El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, firmado en 2018 en Costa Rica, que busca promover la democracia ambiental. Sus tres pilares principales son garantizar el acceso a la información ambiental, asegurar la participación pública en la toma de decisiones y promover el acceso a la justicia en asuntos ambientales).
Los entrevistados remarcaron lo que se expresa también en el mismo comunicado del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Pcia. de Bs. As. en cuanto a que no existe “grieta” en este punto porque oficialismo y oposición protegen el negocio químico mientras los pueblos enferman, el agua se contamina y los ecosistemas colapsan.
Las palabras de Contarini y Hough remarcan también la evidencia científica que describe incrementos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, leucemias, linfomas, disrupciones endocrinas y neurológicas, y afecciones respiratorias y genéticas asociadas a la exposición crónica a agrotóxicos.
“No tenemos que seguir envenenando los cultivos y nuestros alimentos” enfatiza Contarini.
Por su lado Hough habla de la deriva primaria, secundaria y terciaria de la aplicación de agrotóxicos y hace referencia a un trabajo suyo publicado en la revista Ciencia digna -una publicación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)- que menciona que:
“En la zona pampeana de Argentina se ha detectado la presencia de PA (plaguicidas de uso agropecuario) en lluvia, aguas superficiales, polvillo, suelo y aire, evidenciando el alcance de las derivas secundarias. Por la complejidad y cantidad de factores intervinientes en las derivas de PA, las grandes distancias de derivas reportadas por distintos autores no sorprenden. Las investigaciones indican que para respetar el principio precautorio ambiental debería considerarse una distancia mínima de 1000 m de exclusión para la aplicación terrestre de PA. Asimismo, debido a que el movimiento y destino de las moléculas de PA se torna imprevisible en las aplicaciones aéreas, las mismas deberían estar prohibidas”.
El documento del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Pcia. de Bs. As también menciona que la justicia provincial y federal ya fijó estándares muy superiores: la Suprema Corte bonaerense y múltiples juzgados validaron 1.000 m libres de agrotóxicos en áreas urbanas; y en Pergamino se ordenaron 1.095 m en terrestre y 3.000 m en aéreo tras hallarse glifosato en agua y daño genético en población, decisión confirmada en todas las instancias.
Los entrevistados también remarcaron que las asambleas exigen: retiro inmediato del Proyecto del Veneno; derogación de la Resolución del Veneno; adopción de distancias reales de resguardo (≥1.000 m terrestre y ≥3.000 m aéreo); monitoreo obligatorio de todos los principios activos en agua de consumo, de la fauna y la flora de una región y usos recreativos dentro del Código Alimentario; y un plan de abandono progresivo de agrotóxicos hacia una transición agroecológica justa con participación popular.
Advierten que cualquier intento de aprobar o prorrogar este andamiaje de impunidad química será judicializado por inconstitucional e inconvencional en fueros locales, federales e internacionales.
