Un proyecto de ley impulsado desde la Unión Cívica Radical (UCR) busca poner fin a un calendario que muchos consideran obsoleto y propone que los concejales trabajen durante casi todo el año, reduciendo drásticamente el extenso receso veraniego.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Matías Civale, representante de la bancada UCR-Cambio Federal. El eje central de la propuesta es modificar el artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para que el periodo de sesiones ordinarias comience el 1 de febrero y se extienda hasta el 9 de diciembre. Actualmente, los concejos deliberantes inician su actividad oficial recién en marzo o abril, lo que deja los meses de verano en un vacío legislativo que suele depender de convocatorias extraordinarias.
Diputado Provincial Matias Civale
El argumento del legislador Civale se basa en la necesidad de modernizar una gestión que todavía arrastra costumbres del siglo pasado. Según el autor del proyecto, el esquema actual responde a un «ciclo agrario» de épocas donde el transporte era limitado y los representantes locales debían atender sus campos durante la cosecha. En el contexto actual de hiperconectividad y demandas sociales constantes, Civale sostiene que ese receso prolongado ya no tiene justificación funcional ni política. De implementarse este cambio, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires verían fortalecida su capacidad de control y gestión. El objetivo principal es que los cuerpos deliberativos puedan acompañar desde el inicio del ejercicio financiero la ejecución de políticas públicas, el desarrollo de obras y la planificación anual de las administraciones municipales. Al sincronizar el trabajo legislativo con el calendario real de la gestión pública, se busca una mayor eficacia y una respuesta más rápida a las problemáticas locales.
La reforma no solo apunta a la eficiencia administrativa, sino también a la transparencia y al compromiso de los ediles con sus distritos. Al ampliar el margen de tiempo para el debate en el recinto, se espera reducir la acumulación de expedientes y permitir que temas de impacto vecinal que suelen quedar fuera de la agenda por falta de tiempo encuentren un espacio de resolución formal.
El proyecto llega en un momento de intenso debate político en la provincia, donde la modernización de las instituciones y la reforma política asoman como prioridades de la agenda legislativa para el presente año. Ahora, la propuesta deberá transitar el camino de las comisiones en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se medirá el consenso de las distintas fuerzas para transformar el funcionamiento cotidiano de los gobiernos locales.
