El gobierno de Javier Milei puso en marcha una ambiciosa reforma del sistema vial argentino que busca traspasar la gestión de miles de kilómetros de rutas nacionales a manos privadas. El proyecto, que forma parte de la denominada Red Federal de Concesiones, tiene un impacto directo y profundo en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran algunos de los tramos más críticos y estratégicos para la producción y la conectividad del país.
La iniciativa oficial plantea el abandono definitivo de la gestión estatal directa sobre estos caminos, bajo la premisa de que el sector privado puede garantizar niveles de servicio y mantenimiento más eficientes sin depender de subsidios del Tesoro. Según datos del Ministerio de Economía, el proceso se divide en etapas y esta semana hubo apertura de sobres de oferentes, una quincena, interesados en hacerse cargo de la administración, reparación y explotación de estas trazas mediante el sistema de peaje.
En el territorio bonaerense, el esquema afecta a arterias vitales. Uno de los sectores más relevantes es el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que abarca más de 1.300 kilómetros e incluye las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y el corredor Ezeiza-Cañuelas. Estas vías son fundamentales no solo para el transporte de carga hacia los puertos y el interior productivo, sino también para el turismo y el movimiento cotidiano en el área metropolitana.
Otro punto clave de la licitación es el denominado Tramo Pampa, que comprende la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta el límite con la Pampa. Este corredor es uno de los más transitados por el sector agroindustrial y atraviesa ciudades neurálgicas como Mercedes, Chivilcoy, Pehuajó y Trenque Lauquen.
El plan contempla que las empresas ganadoras asuman la responsabilidad total de las obras, en un contexto donde el estado de la infraestructura ha sido objeto de fuertes críticas durante los últimos años. El avance de este modelo de privatización ocurre en medio de un clima de controversia. Informes de organismos técnicos y sectores viales advierten que una parte significativa de la red vial nacional se encuentra en estado crítico debido a la falta de inversión reciente. Desde el Palacio de Hacienda, sin embargo, se sostiene que el control por resultados y la competencia entre empresas permitirán revertir este deterioro. Vialidad Nacional, por su parte, pasará a cumplir un rol de supervisión de los contratos, alejándose de su tradicional función de ejecución de obras.
La fecha límite para la presentación de ofertas económicas está prevista para mayo de este año. Para los usuarios bonaerenses, el cambio de paradigma implicará una nueva configuración en los costos de transporte y una dependencia directa de la inversión privada para la seguridad vial en rutas que, hasta hace poco, estaban bajo la órbita pública. El éxito de este plan determinará si el modelo de concesiones puede sostener la infraestructura básica de la provincia más poblada del país en un entorno de ajuste del gasto estatal.
