Tras más de 13 horas de debate atravesadas por fuertes cruces, acusaciones y un paro convocado por la CGT en las calles, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El resultado fue 135 votos a favor y 115 en contra, una diferencia de 20 voluntades que reflejó el entramado de acuerdos tejidos por el oficialismo con bloques aliados y sectores dialoguistas.
El texto, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobado en general y luego ratificado título por título sin aceptar modificaciones. Sin embargo, al haberse eliminado previamente el polémico artículo 44 —que establecía descuentos en licencias por enfermedad o accidente— el proyecto deberá volver a la Cámara Alta para su revisión definitiva.
El oficialismo logró el quórum con el respaldo pleno de La Libertad Avanza y el PRO, junto a la UCR, Innovación Federal, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y otros espacios provinciales. También acompañaron diputados monobloquistas y legisladores alineados con gobernadores que facilitaron el número necesario para iniciar la sesión. En contra votó Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte de los bloques provinciales, que denunciaron una reforma “regresiva” y advirtieron sobre el impacto en derechos laborales y previsionales.
La sesión estuvo marcada por momentos de alta tensión política. Hubo cruces entre diputados, acusaciones de “traición” y referencias a la recordada “Ley Banelco” del año 2000. Desde la oposición se cuestionó el tratamiento exprés del proyecto y la utilización de fondos vinculados al sistema previsional para financiar el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más discutidos.
En paralelo, afuera del Congreso se desarrolló una movilización con fuerte operativo de seguridad, camiones hidrantes y algunos incidentes que dejaron heridos y detenidos. Dentro del recinto, el oficialismo defendió la iniciativa como una “actualización necesaria” para reducir la litigiosidad, fomentar el empleo formal y otorgar previsibilidad a las empresas. La oposición, en cambio, sostuvo que el texto abarata despidos, debilita la estructura sindical y consolida un modelo de mayor precarización.
Uno de los capítulos más debatidos fue el que elimina el Estatuto del Periodista Profesional. Varios legisladores advirtieron que se trata de una norma con fuerte contenido histórico y democrático, mientras que el oficialismo sostuvo que la reforma apunta a unificar regímenes y modernizar estructuras legales consideradas obsoletas. Pese a los planteos y pedidos de revisión, el capítulo fue aprobado junto al resto del articulado.
En la votación en particular, el oficialismo logró sostener los 26 títulos y 218 artículos del proyecto sin incorporar cambios. La estrategia parlamentaria fue clara: consolidar la mayoría alcanzada en general y evitar fisuras en el tratamiento por capítulos.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto regresa ahora al Senado para su revisión final. Allí se anticipa una nueva batalla política en torno a una norma que el Gobierno presenta como pilar de su programa económico, mientras la oposición la define como uno de los retrocesos laborales más profundos de las últimas décadas.
El debate continuará, pero el mensaje político ya está dado: el oficialismo logró imponer su hoja de ruta en la Cámara Baja y avanzar con una de las reformas estructurales centrales de su agenda.
