Lo que inicialmente se presentó como un «subsidio de fortalecimiento» por parte de sectores políticos locales, ha sido rápidamente matizado por las propias instituciones de bomberos, quienes subrayan que no se trata de un regalo discrecional, sino del cumplimiento tardío de una obligación legal.
La polémica comenzó cuando se difundió mediáticamente un comunicado de los concejales de la La Libertad Avanza local que expresaba que “las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la ciudad de 9 de Julio, y las de las localidades de Dudignac y Facundo Quiroga, fueron beneficiadas con este Subsidio, recibiendo cada una, $ 94.924.971,75” . Este monto forma parte de un fondo nacional de más de 100.000 millones de pesos distribuido entre más de mil cuarteles en todo el país, oficializado mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad.
Desde las tres asociaciones de bomberos locales emitieron aclaraciones contundentes para evitar malentendidos en la comunidad. La principal precisión radica en el origen de los fondos: no provienen del Tesoro Nacional ni de partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo. Por el contrario, estos recursos se generan a través de la Ley 25.054, que establece una contribución obligatoria del 5 por mil sobre las primas de seguros (excepto los de vida) que pagan los ciudadanos argentinos.
Responsables de los cuarteles del distrito explicaron que el Gobierno Nacional actúa simplemente como un ente recaudador y distribuidor. El malestar en el sector bomberil subyace en que estos fondos deberían haberse entregado de manera regular durante el año anterior. Según detallaron voces vinculadas a la Federación de Bomberos, lo que se está percibiendo ahora es el remanente adeudado de 2025 junto con un adelanto de 2026, tras meses de reclamos por el atraso en los giros.
Martín del castillo, Presidente de la CD Asociación Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, en declaraciones periodísticas explicó que “el Gobierno nacional tiene 6 meses para pagar este importe a aquellos cuarteles que, por supuesto, cumplan con los requisitos”.
A pesar de la disputa sobre la narrativa del financiamiento, el impacto económico es innegable para la infraestructura local. Los casi 95 millones de pesos destinados a cada cuartel de 9 de Julio tienen un destino específico y estrictamente regulado: la compra de equipamiento crítico, materiales de protección personal, vestuario y el mantenimiento de las unidades móviles. En un contexto de alta inflación y costos de insumos dolarizados, este ingreso resulta vital para garantizar la operatividad ante incendios forestales y accidentes viales.
Para acceder efectivamente al dinero, cada asociación debe cumplir con rigurosos requisitos administrativos, incluyendo la presentación de rendiciones digitales de los gastos previos. Las autoridades nacionales han advertido que cualquier anomalía en estos informes derivará en la suspensión inmediata de los pagos, manteniendo una vigilancia estrecha sobre cómo los voluntarios de 9 de Julio y el resto del país administran este fondo que, en última instancia, es financiado por el aporte directo de los asegurados.
