En el partido de Carlos Casares, el simple gesto de abrir un grifo se ha convertido en un acto de incertidumbre, desencadenando una ofensiva legal que apunta directamente a las más altas esferas del poder provincial. Este lunes, la tensión acumulada durante meses de cortes de suministro y agua de dudosa calidad estalló en los tribunales de Trenque Lauquen. Una coalición de legisladores y concejales, encabezada por la senadora provincial Analía Balaudo (La Libertad Avanza), radicó una denuncia penal contra la empresa estatal Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La carátula es grave: «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «puesta en peligro de la salud pública». Los denunciantes sostienen que desde el primer semestre de 2025, el servicio en Carlos Casares ha sido «irregular, intermitente y, en extensos períodos, inexistente».
«Estamos ante la violación de un derecho humano básico», afirmó un portavoz del grupo denunciante. «No es solo que el agua no llega; es que cuando lo hace, no hay garantías de que sea apta para el consumo humano».
Para los habitantes de la región, la crisis tiene un rostro humano. «En verano es un infierno, pero ahora que la presión es baja todo el año, ya no podemos ni higienizarnos correctamente», relata un vecino de Carlos Casares.
La empresa ABSA suele atribuir los cortes a «problemas de suministro eléctrico» o «tareas de mantenimiento en los acueductos». Sin embargo, para la Justicia y los ciudadanos, estas explicaciones suenan a excusas repetidas. La denuncia presentada hoy sugiere algo más sistémico: una «omisión deliberada» en la planificación y el financiamiento de obras que son vitales.
La red hídrica del noroeste bonaerense requiere inversiones millonarias que han sido postergadas por sucesivas administraciones.
Mientras el caso avanza en la fiscalía de Trenque Lauquen, los habitantes de Carlos Casares. La pregunta que surge es si habrá efecto dominó en distritos vecinos, como 9 de Julio, en donde también existen problemas por calidad y suministro con amparos de por medio. En la provincia más rica de Argentina, el agua potable se ha convertido en un lujo por el que ahora hay que litigar.
