Por Redacción Extra Digital
El sistema judicial laboral argentino dejó de ser un ámbito de resolución de conflictos para convertirse en una maquinaria de extorsión legalizada. No es una exageración ni una consigna ideológica: es una práctica cotidiana, conocida por abogados, jueces, empresarios y trabajadores. La ley vigente no busca justicia; empuja al empleador a arreglar, aun cuando el reclamo sea débil, desmedido o directamente absurdo.
La escena se repite con precisión quirúrgica. En la audiencia de vistas de causas, antes de que se discuta el fondo del conflicto, aparece la advertencia informal pero determinante: “Si no arreglan ahora, en juicio va a ser peor”. No es un consejo técnico, es una amenaza estructural. El sistema ya decidió el resultado. El juicio no es una opción: es una condena anticipada.
Los montos que se ponen sobre la mesa no responden a lógica económica, años trabajados ni salarios reales. Son cifras irreales, infladas y desproporcionadas, diseñadas no para reparar un daño sino para forzar un acuerdo. El empleador no paga porque deba, paga porque sabe que ir a juicio implica perder tiempo, dinero y previsibilidad. En la práctica, la culpabilidad es automática.
Este esquema no protege derechos laborales: los convierte en un negocio. La ley dejó de ser una herramienta de equilibrio para transformarse en un incentivo al reclamo sin riesgo.
Demandar no cuesta nada; defenderse, sí. Y cuesta caro. El resultado es una justicia laboral que ya no juzga hechos, sino que administra presiones para cerrar expedientes.
El impacto es devastador y silencioso. Pequeñas y medianas empresas evitan contratar, recortan personal o directamente se informalizan. Cada nuevo empleo es un potencial juicio futuro. Cada relación laboral se transforma en un pasivo imprevisible. Así, la ley que dice proteger al trabajador termina expulsándolo del sistema formal.
No se trata de eliminar derechos ni de volver al siglo pasado. Se trata de recuperar racionalidad. Sin proporcionalidad, sin límites claros y sin previsibilidad jurídica, no hay empleo posible. No hay inversión. No hay desarrollo. Solo hay miedo. La ley laboral actual no defiende al trabajador: castiga al que da trabajo. Y cuando el que da trabajo se retira, el daño es colectivo. Persistir en este modelo no es progresismo ni justicia social: es irresponsabilidad institucional.
Lo verdaderamente obsceno no es discutir una reforma laboral. Lo obsceno es sostener un sistema que obliga a arreglar para no fundirse, que convierte a los tribunales en fábricas de acuerdos forzados y que sigue destruyendo empleo mientras finge protegerlo. Si la política no se anima a tocar esta ley, entonces que deje de hablar de trabajo, producción y crecimiento. Porque sin una reforma profunda, la única certeza es esta: el empleo formal seguirá siendo la primera víctima de una ley que se volvió contra la realidad.
