El proyecto de presupuesto 2026, recientemente dictaminado favorablemente en la Cámara Baja, propone un recorte sin precedentes en las partidas destinadas a la educación, la ciencia y la tecnología en Argentina. Con medidas que apuntan a reducir la inversión en sectores clave para el desarrollo del país, el Gobierno busca consolidar un ajuste estructural que podría tener repercusiones históricas en los próximos años.
Entre las propuestas más controvertidas se destaca el recorte de 93% en el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), en comparación con los recursos destinados a este fondo en 2023. Según un informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), la ley contempla partidas por $11.218 millones para 2026, cuando en 2023 se ejecutaron, en términos reales, $159.642 millones para el mismo fondo. Este desajuste de proporciones históricas evidencia una estrategia que no solo recorta, sino que también intenta eliminar los mecanismos legales que garantizan su financiamiento.
Educación: recorte generalizado
Por Redacción Extra Digital
El ajuste no se limita a la educación técnica. Las universidades nacionales, que ya venían enfrentando limitaciones en los recursos desde el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, ahora sufrirán una reducción del 33,8% respecto a los fondos ejecutados en 2023. En este contexto, el artículo 30 del presupuesto proyecta derogar la garantía del 6% del PBI destinada a educación, estipulada por la Ley de Educación Nacional. La eliminación de esta garantía y la congelación de la senda de inversión en ciencia y tecnología, que debería haber alcanzado el 1% del PBI, representan una jugada estratégica para reducir la presión fiscal, pero también una amenaza para el futuro de estos sectores.
De hecho, el presupuesto 2026 no solo se alinea con la derogación de la ley de financiamiento universitario, sino que va más allá: propone un ajuste global que afecta a toda la Función Educación y Cultura, que sufrirá una caída real del 47,3% en comparación con lo ejecutado en 2023. El recorte proyectado no es solo una disminución de recursos, sino una reconfiguración profunda del sistema educativo y científico del país.
La Ciencia y la Tecnología, a la baja
Por otro lado, la Función Ciencia, Tecnología e Innovación también será fuertemente afectada. Con una reducción del 48,8% en comparación con 2023, este ajuste refuerza la visión de un Gobierno que opta por priorizar el gasto en otras áreas, en detrimento de un sector esencial para el desarrollo de la innovación y el progreso del país. En este contexto, la caída en la inversión en ciencia y tecnología no solo es un golpe para los investigadores y académicos, sino una clara señal de la orientación política de un Ejecutivo que no parece tener a la educación y la investigación como prioridades.
Becas Estudiantiles: El recorte más profundo
En cuanto a las becas estudiantiles, el ajuste es aún más drástico: se proyecta una reducción del 76,6% en relación con los fondos ejecutados en 2023. Esta medida pone en riesgo el acceso de miles de estudiantes de sectores vulnerables a la educación superior y técnica, dificultando la movilidad social y la equidad educativa. La caída en las becas es un síntoma de un modelo económico que parece ignorar la inversión en capital humano, un factor esencial para cualquier país que aspire a ser competitivo en el siglo XXI.
La inconstitucionalidad del decreto presidencial
El CEPA también denuncia que el Poder Ejecutivo, al fijar por decreto la suspensión de varias disposiciones legales sobre el financiamiento educativo y científico, está incurriendo en una práctica que va en contra del esquema constitucional de separación de poderes. Según el informe, no existen argumentos válidos para proceder de esta manera, ya que la ley de financiamiento establece explícitamente que el Ejecutivo tiene la potestad de asignar los créditos presupuestarios necesarios para cumplir con sus disposiciones. Este accionar pone en evidencia una centralización de poder que se aleja del marco democrático y constitucional.
¿Hacia dónde va la educación en Argentina?
El presupuesto 2026 marca un giro radical hacia un ajuste estructural en el sector educativo y científico, sectores fundamentales para el futuro del país. La reducción de fondos, la eliminación de garantías legales y la disminución de la inversión en educación técnica, universidades y ciencia configuran una visión política que pone en peligro el futuro. En este escenario, los impactos no se limitarán solo a los estudiantes o a los académicos: se trata de una decisión que afectará la competitividad de la economía argentina a largo plazo, limitando las capacidades innovadoras y tecnológicas del país. Sin duda, este presupuesto está enraizado en una visión económica que prioriza el ajuste a corto plazo, sin considerar las consecuencias a mediano y largo plazo de una inversión educativa y científica insuficiente.
Es un desafío para la sociedad y para los referentes políticos de la Argentina repensar este camino y evaluar las verdaderas prioridades en términos de desarrollo y crecimiento. La historia juzgará la decisión de ajustar de manera tan drástica los recursos destinados a la educación y la ciencia en un contexto tan crucial.
