La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sufrió su primer revés en el Senado tras anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral. Aunque la coalición oficialista logró avanzar con el dictamen, el debate crucial sobre las modificaciones a la legislación laboral no se realizará hasta febrero de 2026. La decisión fue adoptada luego de una jornada tensa, marcada por disidencias internas y fuertes presiones externas, como las movilizaciones sindicales que rechazaron el proyecto.
El dictamen, logrado con nueve firmas, fue el primer paso, pero la falta de consenso en puntos clave impidió que la reforma fuera discutida de manera inmediata. Tras la ronda de invitados, Bullrich explicó que, en lugar de apurar el tratamiento, se optó por abrir un espacio de debate adicional. «Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para poder seguir trabajando en esta ley», indicó la ex ministra de Seguridad Nacional.
El tratamiento de la reforma laboral coincidió con la jornada en la que la CGT y las CTA movilizaron en la Plaza de Mayo, mostrando su rechazo al proyecto. Desde el oficialismo, varios de los senadores aliados del gobierno de Javier Milei, aunque firmaron el dictamen, expresaron disidencias en el contenido de la ley. Entre las voces críticas se destacan figuras como Carlos «Camau» Espínola (Unidad Federal), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Flavio Fama (Unión Cívica Radical), quienes, a pesar de respaldar el proyecto, marcaron ciertas diferencias.
La situación reflejó una vez más la fractura interna dentro de LLA, que ya había sido visible durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados, donde aliados del oficialismo no apoyaron el capítulo que derogaba leyes clave sobre financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Esta falta de consenso complicó el camino hacia una aprobación sin fisuras.
El proyecto de reforma laboral sigue en su versión original, pero con algunas modificaciones introducidas para intentar calmar las tensiones. Entre ellas se destacan ajustes como la estipulación de que el pago de sueldos debe realizarse en moneda nacional o extranjera, y la extensión del plazo de pago de indemnizaciones para las microempresas, que podría llegar hasta 18 cuotas. Sin embargo, las expectativas de la oposición eran más altas, y desde sus bancadas se lamentaron que los cambios fueran «menos de lo que se pedían».
Además, la reforma mantiene su esquema de financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta clave para la atención de los desempleados, aunque no logró despejar las principales dudas sobre la inclusión de reformas fiscales y las cláusulas de ultraactividad. En este sentido, el senador peronista José Mayans advirtió que el proyecto violaba el artículo 14 Bis de la Constitución, el cual establece los derechos laborales fundamentales, y añadió que la reforma podría ser impugnada judicialmente debido a los «vicios de nulidad».
El contexto de la jornada en el Senado estuvo marcado por un malestar generalizado en torno al gobierno de Javier Milei. A nivel interno, la relación con el PRO se tensionó aún más cuando el titular de la bancada macrista, Cristian Ritondo, mostró su frustración por la forma en que se manejaron las designaciones de los representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ritondo cuestionó la inclusión de ciertos nombres en el temario de las sesiones extraordinarias, especialmente las nominaciones que no fueron acordadas dentro de los términos establecidos, como la propuesta del ex ministro de trabajo Jorge Triaca para un cargo en la AGN.
A nivel externo, el gobierno de Javier Milei sufrió otro revés en la Cámara Baja, ya que aunque se aprobó el Presupuesto 2026, el capítulo relacionado con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad no contó con el respaldo necesario. Esta falta de apoyo mostró las fisuras dentro de la coalición gobernante, y la CGT aprovechó la ocasión para lanzar su rechazo frontal a la reforma laboral.
Tras la postergación del tratamiento, Bullrich y otros miembros del oficialismo en el Senado tendrán que lidiar con la creciente presión tanto interna como externa. Los próximos meses serán clave para medir la viabilidad de la reforma laboral y si la coalición logrará superar las disidencias. Patricia Bullrich, al igual que muchos de sus aliados, se enfrenta a un escenario incierto en el que deberán negociar y equilibrar los intereses del sector empresarial, los sindicatos y los propios senadores de su bloque.
El 10 de febrero de 2026, fecha acordada para retomar el debate, marcará un punto decisivo para la reforma. En ese contexto, se verá si la bancada de LLA podrá limar asperezas dentro de sus filas y lograr el apoyo necesario para impulsar la legislación laboral que el Gobierno tanto busca, o si las tensiones internas y los rechazos sociales llevarán a un nuevo fracaso legislativo.
