Juez Casas: del escritorio de la ley al abuso de poder
En una República sana, el Poder Judicial no solo imparte justicia: la representa. Es garante del equilibrio entre derechos y deberes, entre el poder y sus límites. Por eso, cuando un magistrado cruza la delgada línea que separa la ley del privilegio, la imparcialidad del favoritismo, o el derecho de la conveniencia personal, no solo traiciona su función: hiere la confianza pública en todo el sistema de justicia.
Ese es el caso del Dr. Alejandro Casas, titular del Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio, hoy envuelto en una seguidilla de denuncias que ya no pueden explicarse como errores aislados. Se trata de un patrón de conducta sostenido en el tiempo, que lo expone como protagonista de uno de los escándalos institucionales más delicados del fuero bonaerense.
Tráfico de influencias: designación de un amigo sin concurso
Todo comenzó con una designación que encendió las alarmas. El juez Casas nombró como Secretario del Juzgado al Dr. Félix Jorge Martínez, su amigo personal. El ascenso fue meteórico: sin concurso, sin trayectoria judicial relevante y sin respetar los principios básicos de mérito, idoneidad y legalidad. La sospecha se transformó en una denuncia formal por tráfico de influencias, presentada ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Como dato revelador, testigos recuerdan que en octubre de 2016, tras la jura del Dr. Alejandro Casas como titular del Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio —acto realizado en la ciudad de Mercedes—, el entonces no abogado Félix Jorge Martínez fue quien habría financiado íntegramente los gastos del festejo, celebrado en un tradicional restaurante mercedino. Años más tarde, ya recibido y sin antecedentes relevantes, Martínez fue nombrado Secretario del Juzgado por su amigo el Juez. Gesto de amistad o devolución de favores con cargo público incluido?
Sentencia ilegítima: doctrina forzada y ocultamiento de pruebas
Pero el escándalo no se agota en el nepotismo. En el expediente N.º 52.908, el juez Casas decretó una caducidad de instancia manifiestamente ilegítima, dictada sin dar traslado a la parte afectada, en abierta violación del principio de bilateralidad y del debido proceso.
El fallo se apoyó en jurisprudencia inaplicable y doctrina tergiversada, ignorando además que el expediente se encontraba formalmente suspendido desde 2016. Todo apunta a una maniobra deliberada para beneficiar a una de las partes, al margen de las normas procesales y de la ética judicial.
Como si esto fuera poco, el Juez ocultó un escrito presentado por una de las partes y evitó iniciar una investigación penal pese a la denuncia de una firma falsificada dentro del expediente. Las figuras penales son claras: prevaricato, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Acoso a una empleada: el abuso también puertas adentro
A la lista de irregularidades se suma un hecho aún más grave: una denuncia por acoso presentada por una empleada del mismo Juzgado.
Según consta en la presentación, el magistrado se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad personal de la mujer para iniciar un acercamiento indebido a través de mensajes telefónicos cargados de insinuaciones y conductas impropias, incompatibles con su rol jerárquico y con la ética judicial.
Este caso no solo expone un flagrante abuso de poder, sino también una inexcusable y grave falta de ética y profesionalismo entre compañeros de trabajo, en un espacio que debería ser un entorno seguro, respetuoso e irreprochable. La vulneración de estos principios fundamentales no solo daña a las víctimas, sino que socava la integridad misma de la institución.
El Colegio de Abogados pide intervención urgente
Frente a este escenario, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes solicitó formalmente a la Suprema Corte una evaluación integral del funcionamiento del juzgado. Los reclamos van desde demoras sistemáticas y desorden administrativo, hasta una gestión errática que perjudica tanto a los profesionales como a los ciudadanos que esperan justicia.
Reflexión final: cuando la toga encubre, la justicia se vacía
Lo que alguna vez pudo parecer una irregularidad aislada, hoy configura un patrón sostenido de abuso de poder, discrecionalidad y desprecio por las normas más elementales del sistema judicial.
Las conductas del Dr. Alejandro Casas —designaciones a dedo, fallos direccionados, ocultamiento de pruebas y una denuncia por acoso- no son simples errores de gestión: son síntomas de una estructura que tolera y, en algunos casos, encubre. Cuando un juez deja de ser garante de justicia y se convierte en administrador de favores, no solo se deslegitima su investidura: se corroe la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
El Dr. Casas ya no representa ni la legalidad, ni la imparcialidad, ni el equilibrio institucional que exige su cargo. Su permanencia no solo es insostenible: es una amenaza para la credibilidad del sistema judicial y una afrenta a quienes todavía creen que la ley debe estar por encima de los vínculos personales. No hay paz sin justicia. No hay justicia con jueces que se creen impunes.
Y no hay República donde los favores pesan más que la ley.
El Lobo
