Gentile reclama fondos a Nación, anuncia avances administrativos sobre el canal El Cardizal y advierte sobre los riesgos de una nueva emergencia hídrica. Pero detrás de las gestiones y los reclamos aparece una pregunta inevitable: ¿qué hizo durante todos estos años el oficialismo local para que Nueve de Julio estuviera mejor preparado?
Por Redacción Extra Digital
Hay una especialidad de la política que suele florecer cuando las cosas se complican: convertir los problemas que todavía no se resolvieron en una sucesión de reuniones, gestiones, reclamos y anuncios. Todo parece estar en movimiento. Hay funcionarios que escuchan, expedientes que avanzan, mesas de trabajo y compromisos que se anuncian. El problema empieza cuando uno abandona la sala de reuniones y vuelve al camino rural, a la realidad.
La emergencia hídrica de Nueve de Julio exige bastante más que diagnósticos compartidos. Exige obras, maquinaria, planificación, prioridades verificables y resultados que puedan reconocerse fuera de los comunicados oficiales. Por eso, el relato de María José Gentile después del encuentro de los Comité de la Cuenca realizado en Bragado merece una lectura menos complaciente: la intendenta reclamó a Nación la restitución de los recursos del Fondo Hídrico, destacó el acompañamiento de la Provincia y anunció avances para regularizar el canal El Cardizal. Son cuestiones relevantes. Pero una cosa es describir los problemas, otra conseguir las herramientas para resolverlos y una tercera, mucho más importante para quienes padecen las consecuencias del agua, es demostrar que las soluciones llegaron.
Hay, además, un dato político que no puede quedar afuera de esta discusión. El oficialismo lleva alrededor de once años al frente del municipio, contando la gestión anterior de Mariano Barroso. Once años de continuidad política, presupuestos, tasas, prioridades y decisiones sobre la infraestructura de un distrito cuya actividad económica y cuya vida cotidiana dependen, en buena medida, de caminos rurales transitables y de un sistema hídrico que funcione. Por eso, cuando la intendenta reclama ahora más recursos a Nación y advierte sobre los riesgos climáticos que se avecinan, la pregunta resulta inevitable: ¿qué se hizo durante todos estos años para que Nueve de Julio llegara mejor preparado a esta emergencia?
No se trata de negar que las inundaciones puedan superar la capacidad financiera de un municipio ni de desconocer que las obras hidráulicas requieren coordinación entre distintas jurisdicciones. Tampoco de atribuirle a una sola administración todos los problemas acumulados. Se trata de algo más elemental: una continuidad política de tantos años no puede presentarse como si acabara de descubrir la dimensión de las dificultades que tiene delante. Nación puede tener responsabilidades, la Provincia también y el municipio tiene las propias. Una cosa no elimina la otra.
El caso del canal El Cardizal ofrece un ejemplo concreto. Según explicó Gentile, la infraestructura tiene varias décadas de antigüedad, se extiende aproximadamente treinta kilómetros y no estaba formalmente regularizada. Esa situación dificultaba las tareas de mantenimiento y adecuación. Ahora, sostuvo, se avanzó en un mecanismo que permitiría normalizarla, con intervención del municipio, Hidráulica provincial y el comité de cuenca correspondiente. Bien. Pero el anuncio abre interrogantes que merecen respuestas: ¿cuándo se detectó que la situación administrativa del canal dificultaba las intervenciones?, ¿qué gestiones se realizaron durante los años anteriores?, ¿por qué la regularización llega ahora y cuáles son los plazos para ejecutar los trabajos pendientes?
Porque regularizar un canal no equivale a limpiarlo, adecuarlo ni garantizar que funcione como se necesita frente a un nuevo episodio de lluvias intensas. El avance administrativo puede ser importante, pero no debe confundirse con la obra terminada. Los vecinos necesitan saber qué se hará, cuándo se hará, cuánto costará y qué resultado se espera obtener.
La política suele celebrar el momento en que se destraba un expediente. La realidad empieza cuando las máquinas entran al terreno. Algo parecido ocurre con los caminos rurales. Gentile enumeró las necesidades: más maquinaria, estabilizado, reconstrucción de trazas y reemplazo de alcantarillas. También afirmó que el municipio destinó recursos por encima de lo recaudado mediante la tasa de la red vial para atender la emergencia. Es una afirmación importante, pero precisamente por eso merece números que permitan comprobarla. ¿Cuánto recaudó el municipio por la tasa vial? ¿Cuánto dinero adicional destinó a esas tareas? ¿Cuántos kilómetros se recuperaron, cuántos quedaron pendientes y qué criterios se utilizaron para establecer las prioridades? ¿Qué inversiones se hicieron durante las sucesivas administraciones y cuáles fueron las obras que quedaron sin ejecutar? ¿Por qué hoy Nueve de julio no cuenta con un parque de maquinaria adecuado? ¿Qué pasó?
No son preguntas hostiles. Son las preguntas elementales que cualquier contribuyente debería poder formular. Si el municipio efectivamente puso más recursos que los recaudados por la tasa, corresponde reconocerlo. Pero para evaluar la magnitud del esfuerzo hace falta conocer las cifras. Sin ellas, se comunica el sacrificio presupuestario sin ofrecer los elementos necesarios para medir su alcance.
Y si la red vial necesita inversiones permanentes, el balance no puede comenzar y terminar en lo que cuesta reparar los daños de hoy. También debe incluir qué se hizo para conservar los caminos ayer y qué mecanismos se pusieron en marcha para evitar que cada episodio de lluvias vuelva a convertir el mantenimiento en una carrera contra el agua.
La situación de La Sofía y Mones Cazón agrega otro interrogante. Durante una entrevista se plantearon cuestionamientos de una productora sobre el alcance de las tareas informadas en el sector, donde se mencionaron intervenciones sobre unos 8.500 metros. Gentile respondió que las horas de maquinaria se habían destinado a la limpieza del canal y, especialmente, a reparar un desmoronamiento que comprometía el escurrimiento. También señaló que se analizaban alternativas para avanzar con una intervención específica.
La explicación merece ser escuchada, pero no reemplaza la información concreta. ¿Qué trabajos se realizaron, en qué tramo, con qué maquinaria, durante cuánto tiempo y con qué resultado? Si hubo diferencias entre lo que esperaba la productora y lo que efectivamente se hizo, la salida más transparente no es una disputa de versiones: es mostrar la documentación, precisar el alcance de las tareas y explicar qué falta hacer. Una gestión pública no debería depender de que un vecino tenga que formular una pregunta incómoda para conocer el resultado de una intervención. La información debería estar disponible antes, durante y después de cada trabajo.
En paralelo, Gentile propone reunir las firmas de los intendentes y de las entidades rurales para reclamar a Nación la restitución de los recursos del Fondo Hídrico. El planteo tiene una lógica atendible: una emergencia que supera las posibilidades financieras de los municipios requiere coordinación y recursos de distintas jurisdicciones. Pero el reclamo nacional no puede convertirse en una explicación universal de todo lo que todavía falta resolver. La discusión sobre los fondos nacionales es una cosa; las responsabilidades provinciales, otra; y la administración municipal de los recursos disponibles constituye una tercera. Las tres pueden coexistir. Ninguna anula automáticamente a las demás. El municipio tiene derecho a reclamar financiamiento, los productores tienen derecho a exigir caminos transitables y los vecinos tienen derecho a conocer qué está haciendo su gobierno mientras espera una respuesta de otras jurisdicciones. No hace falta elegir entre reclamar afuera y rendir cuentas adentro. Una gestión puede hacer ambas cosas al mismo tiempo.
La advertencia sobre el fenómeno de El Niño vuelve todavía más urgente esta discusión. Si existe preocupación por las lluvias que pueden llegar, la respuesta debería traducirse en un programa público de prioridades: caminos críticos, puntos de escurrimiento comprometidos, alcantarillas que necesitan reparación, obras pendientes, responsables, plazos y fuentes de financiamiento. No porque un documento pueda impedir una inundación, sino porque permite conocer qué se decidió hacer antes de que el agua vuelva a poner a prueba las decisiones. La prevención no consiste en anunciar preocupación por lo que puede suceder. Consiste en identificar los riesgos, establecer prioridades y ejecutar las medidas posibles antes de que la emergencia vuelva a ocupar toda la agenda.
Y aquí regresa la pregunta de los once años. Una continuidad política de semejante duración no garantiza que todos los problemas puedan resolverse, pero sí obliga a explicar qué se hizo, qué se postergó, qué se aprendió y por qué determinadas dificultades siguen reclamando respuestas. La experiencia acumulada debería servir para anticiparse, no solamente para describir la magnitud de la emergencia cuando vuelve a golpear.
Nadie puede exigirle a un intendente que controle el clima. Sí puede exigirle que explique cómo preparó al distrito, cómo administró los recursos, qué obras priorizó y qué resultados obtuvo. Esa es la diferencia entre responsabilizar a un gobierno por la lluvia y pedirle cuentas por la gestión. En Nueve de Julio, el agua no distingue entre jurisdicciones, los caminos no se reparan con declaraciones y los expedientes no reemplazan a las máquinas. Los reclamos a Nación pueden ser legítimos y la coordinación con la Provincia puede resultar indispensable. Pero después de aproximadamente once años de continuidad política, la historia de la administración municipal también forma parte de la explicación. La emergencia puede explicar las dificultades de un gobierno. Lo que no puede hacer es borrar su historia ni suspender la obligación de rendir cuentas.
