El Presupuesto 2026 calculó una inflación anual de 10,1% y el INDEC ya registra 21,3% acumulado entre enero y agosto. Con esos antecedentes, el Gobierno envió al Congreso el de 2027, con 18% de inflación, 4% de crecimiento y dólar a $1.847.
Por Javier Pappalardo
Hace un año, el Gobierno escribió en el proyecto de Presupuesto 2026 que la inflación de este año cerraría en 10,1%. El número tenía algo de declaración de principios, casi de profecía. El 10 de septiembre, el INDEC informó que los precios subieron 1,7% en agosto y que el acumulado de los primeros ocho meses llegó a 21,3%. Quedan cuatro meses por delante y la meta ya se duplicó.
Con ese antecedente sobre la mesa, el ministro Luis Caputo presentó esta semana el Presupuesto 2027, que ya ingresó a la Cámara de Diputados y empezará a debatirse en octubre. Los números centrales son una inflación de 18% para diciembre del año próximo, un crecimiento del producto de 4% y un dólar oficial de $1.847 a fin de año. El Gobierno sostiene además que habrá superávit financiero por cuarto año consecutivo, y el proyecto fija el equilibrio de las cuentas públicas como regla que no se negocia.
Un presupuesto funciona como una promesa con números. Cuando los supuestos fallan, los cálculos de ingresos y gastos que dependen de ellos pierden sustento, y buena parte de las cuentas de este año terminaron siendo papel mojado. Además de la inflación, el Presupuesto vigente preveía un crecimiento de 5% y el consenso de las consultoras hoy lo ubica en 2,1%. El dólar se estimaba en $1.423 para diciembre y hoy cotiza cerca de los $1.500. Sería injusto leer esos desvíos como una rareza de esta gestión. Casi todos los gobiernos argentinos de las últimas décadas presentaron presupuestos optimistas y casi todos los vieron desbordarse. La diferencia está en el tamaño del desvío, y eso obliga a mirar con cuidado las nuevas metas.
¿Qué dicen quienes analizan números para vivir? El diagnóstico de los economistas consultados esta semana tiene matices. La mayoría considera razonables las proyecciones de inflación y tipo de cambio, y Marcelo Capello, del IERAL, las calificó de realistas para un año electoral. Las dudas aparecen con el crecimiento. El consenso privado espera 2,9% para 2027, Martín Polo calificó el 4% de demasiado optimista y Federico Vacalebre, de la UCEMA, lo describió como un escenario no inalcanzable, pero bastante exigente.El detalle importa porque el crecimiento sostiene todo lo demás. Si la economía crece menos, entra menos plata por impuestos, y un Gobierno que no admite déficit tiene una sola manera de cerrar las cuentas, que es gastar todavía menos. Allí aparece la otra mitad de la discusión.
Ahí es donde el proyecto recibió los cuestionamientos más duros. Las partidas de ciencia, universidades y discapacidad vuelven a quedar por debajo de la inflación prevista, y lo mismo ocurre con la AUH y las asignaciones familiares. La universidad pública recibe $7,35 billones, una cifra que según los cálculos difundidos esta semana no alcanza a compensar la suba de precios. En obra pública, el proyecto prevé cancelar o rescindir 1.683 obras sobre una cartera de 2.339 y traspasar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a concesiones privadas. El dato que atraviesa todas las lecturas del proyecto es que la seguridad social absorbe casi seis de cada diez pesos del gasto de la administración nacional. Jubilaciones, pensiones y asignaciones son el corazón del presupuesto argentino, y ahí se juega buena parte de lo que se discuta en octubre.
El proyecto también pone números sobre los sueldos. Calcula una suba salarial promedio de 25,4% para el año próximo, contra una inflación de 18%, lo que daría una recuperación del poder de compra cercana a tres puntos y medio. Ese resultado descansa sobre el mismo supuesto que todo lo demás. Si la inflación termina más arriba de lo previsto, la mejora se evapora sola, y el jubilado que cobra la mínima lo va a saber antes que cualquier planilla.
Esta semana sumó una advertencia desde el exterior. Un informe de una agencia internacional de noticias económicas sostiene que el llamado «peso fuerte» empieza a frenar la actividad. En lo que va del año el peso se depreció apenas 3,7% contra el dólar, mientras los precios internos subieron más de 21%. Para un productor local, eso significa costos que suben en pesos y competidores importados que se abaratan. En agosto la construcción cayó 4,5% interanual y la industria 4,9%.
Para una ciudad como Nueve de Julio, estas discusiones tienen traducción concreta. La obra pública que se cancela es trabajo que no llega a las empresas ni a los albañiles de la zona. Las rutas que pasan a manos privadas pueden mejorar su mantenimiento y también sumar peajes, y habrá que ver qué tramos alcanza la medida. Y la canasta básica, que en agosto le exigió a una familia tipo cerca de $1,6 millones para no caer en la pobreza, se mide en cada almacén del distrito.
El Gobierno tiene a su favor un dato que sus críticos reconocen. La inflación de hoy está lejos de la de fines de 2023, y el equilibrio fiscal le dio al programa una base que la Argentina no tuvo durante años. La pregunta que deja este Presupuesto es si ese orden alcanza para volver a crecer con fuerza, o si el ajuste que lo sostiene termina pesando sobre la misma actividad que debería impulsar. El Congreso tiene ahora la palabra. En octubre empezará el debate, con los gobernadores otra vez en el centro de la negociación y con un año electoral por delante. Los números de 2027 lucen mejores que los de 2026, y conviene recordar que los de 2026 también lucían bien el día que se escribieron. La diferencia entre una proyección y una promesa se mide recién doce meses después, cuando el INDEC publica el dato que nadie puede discutir.
