Redacción Extra Digital
El gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó el estado de emergencia agropecuaria para los municipios de 9 de Julio y Necochea, dos de las zonas productivas más golpeadas por los recientes excesos hídricos. La medida busca oxigenar económicamente a los productores rurales mientras el fantasma del Super Niño acecha a un territorio con su capacidad de absorción completamente agotada.
La resolución, oficializada a través del Decreto 1270 del gobernador Axel Kicillof, abarca la totalidad del distrito de 9 de Julio y cuatro circunscripciones estratégicas de Necochea. Según establece el documento publicado en el Boletín Oficial provincial, el período de gracia impositiva se extenderá retrospectivamente desde el primero de mayo hasta el 31 de octubre de este año. Los productores que demuestren daños significativos en sus campos quedarán eximidos de pagar el impuesto inmobiliario rural ante la Agencia de Recaudación provincial, un alivio ampliamente demandado por las entidades agrarias locales.La severidad de la situación hídrica queda en evidencia al analizar los registros oficiales. En 9 de Julio, casi la mitad de su superficie cultivable, unas doscientas mil hectáreas, quedaron bajo el agua tras meses de precipitaciones incesantes. Por su parte, la franja costera de Necochea sufrió un embate climático rotundo a principios de mayo, cuando en apenas cuarenta y ocho horas cayeron más de doscientos treinta milímetros de lluvia. Estas tormentas excepcionales dejaron redes de caminos rurales completamente intransitables y arruinaron pasturas esenciales para la ganadería y los cultivos de invierno.
El fantasma del Super Niño
La preocupación central del sector agropecuario bonaerense ya no radica únicamente en las cuantiosas pérdidas pasadas, sino en los pronósticos a corto y mediano plazo. Expertos meteorológicos advierten que existe una probabilidad superior al noventa por ciento de que el fenómeno climático de El Niño se desarrolle con una intensidad inusitada hacia el último trimestre del año.
Pablo Ginestet, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), advirtió públicamente sobre la extrema vulnerabilidad del sector ante este escenario, señalando que las napas subterráneas ya se encuentran en niveles críticamente altos producto de las tormentas otoñales: «No estamos en condiciones de afrontar un evento de las características que se están anunciando. Las napas están altas y venimos de un evento de inundación muy grande«.
Los informes del Ministerio de Infraestructura bonaerense indican que toda la mitad oriental de la provincia presenta una capacidad de absorción del suelo prácticamente nula. Esto implica que cualquier precipitación adicional, por mínima que sea, se transformará de inmediato en barrera superficial, anegando más campos y aislando poblaciones. Municipios como Benito Juárez, Coronel Pringles, Pehuajó, Olavarría y Tres Arroyos ya registran excedentes hídricos que superan en más de un sesenta por ciento la media histórica, colocándolos en una situación de alerta roja constante.
Reclamos estructurales y el impacto macroeconómico
La actual crisis climática ha reavivado viejos debates estructurales en la política argentina. Desde diversas asociaciones de productores y bloques opositores en la Legislatura provincial, se levantan voces que exigen una mayor celeridad y transparencia en la ejecución de las obras del Plan Maestro del Río Salado, una megaobra de ingeniería hídrica diseñada precisamente para mitigar estas catástrofes recurrentes.
La diputada provincial Silvina Vaccarezza denunció recientemente, tras un pedido de información pública, que más de $354.000 millones de pesos pertenecientes al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica están invertidos en herramientas financieras (como Letras del Tesoro Nacional) en lugar de ser ejecutados. «La plata destinada a obras hídricas tiene que estar en las obras, no en la timba financiera», sentenció la legisladora en declaraciones al progrma “Temprano para Todo” (Supernova 97.9) exigiendo avances en el Río Salado.
En el Senado bonaerense, se debate un proyecto impulsado por la legisladora Malena Galmarini que busca declarar una «emergencia climática» por 180 días en toda la Provincia para agilizar el envío de fondos, maquinaria y combustible a las intendencias afectadas.
Mientras los productores de 9 de Julio y Necochea inician los burocráticos trámites para acceder a los beneficios del decreto de emergencia, el campo bonaerense mira al cielo con la esperanza de que las advertencias climáticas más severas no terminen de sepultar la próxima campaña agrícola.
