El próximo 24 de junio se conocerá el veredicto en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del plan de alumbrado público de Nueve de Julio. Tres exdirigentes de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno aguardan su suerte. Conviene, antes de los flashes del fallo, una pregunta que el entusiasmo condenatorio tiende a tapar: aun en la hipótesis de una condena, ¿qué recuperan los usuarios? La respuesta, fatigosa, es ninguna cosa. Un fallo penal satisface una narrativa, pero no devuelve un solo peso a los asociados, que son los verdaderos dueños de la entidad.
Y mientras toda la energía institucional se concentra en juzgar a la conducción anterior, ¿qué ocurre con la actual? La presidencia se ejerce de manera ininterrumpida desde el 30 de abril de 2018. No es una gestión reciente con pasivos heredados: son dos mil setecientos setenta y cinco días.
Acá no hay conjetura. Hay expedientes con carátula, número y fecha, asentados en la Mesa de Entradas del Poder Judicial y consultables por cualquiera. La CEyS enfrenta y enfrentó más de una decena de causas judiciales iniciadas entre 2018 y 2026, varias por sumas millonarias. La enorme mayoría son laborales: despidos, diferencias salariales, sueldos adeudados y hasta un accidente de trabajo. Y una que merece subrayarse: una ejecución promovida por CAMMESA, el administrador del mercado eléctrico mayorista. Una cooperativa eléctrica ejecutada por la propia energía que distribuye. El dato habla solo.
Seamos honestos, porque este medio no acusa, informa. Un juicio laboral, por sí solo, no prueba una administración irregular. Pero la acumulación dibuja un cuadro que ninguna conducción puede mostrar como signo de buena salud. Y hay un detalle que enciende todas las alarmas: dos trabajadores distintos debieron demandar a la entidad en dos oportunidades cada uno. Cuando alguien tiene que golpear dos veces la puerta de un tribunal para cobrar lo suyo, algo adentro está fallando.
Conviene entonces nombrar las cosas. El verdadero caballo de Troya no está afuera, en el escándalo que ocupa los titulares, está adentro. Son estas causas alojadas en el propio vientre de la cooperativa, un daño que la entidad se inflige a sí misma y que erosiona sus cuentas por goteo. A diferencia de la causa penal, que tiene fecha y foco mediático, este desangre no figura en ninguna primera plana ni se resuelve en una audiencia. Y, sin embargo, es el que de verdad compromete el patrimonio de los asociados. Sentencia tras sentencia. Costas tras costas.
De estos hechos —y no de una intención que no corresponde adjudicar— surge la pregunta del título: ¿Dónde está hoy el mayor perjuicio? ¿En una maniobra de la gestión anterior, que la Justicia resolverá el 24 de junio, o en el presente de una cooperativa que, tras más de una década bajo la misma conducción, acumula más de una decena de frentes judiciales abiertos? La pregunta es legítima y los asociados merecen que alguien la formule.
Nada de esto relativiza la causa penal. Si hubo desvío de fondos, debe esclarecerse y sancionarse. La presunción de inocencia rige hasta el veredicto, y rige para todos: para los tres del banquillo y para quienes administran hoy. El control republicano no se agota en un juicio. Alcanza, con el mismo rigor, al presente. Porque el mayor riesgo de nuestro tiempo no es que alguien mienta, sino que el relato termine sustituyendo al dato. Este editorial no afirma culpables ni absuelve a nadie, señala hechos verificables y formula una pregunta legítima. Volver al dato cuando todo empuja al relato es la primera obligación del control republicano. La transparencia, después de todo, empieza por ahí.
