Hay una pregunta que atraviesa el veredicto del caso Malondra como una grieta en una pared recién pintada: ¿dónde está Carlos Mendoza? El hombre que firmó el recibí de tres cheques por cinco millones y medio de pesos en fondos públicos, el que se presentó como dueño o apoderado de SUTEC, el que se sentó en un café de la calle Cabildo a retirar cartulares que terminaron en una financiera vinculada al lavado de activos, nunca fue encontrado. O, para ser más precisos, nunca fue buscado con la intensidad que el caso requería. Y esa diferencia no es un detalle. Es el centro de la cuestión.
La sentencia de la Jueza Esquivel lo consigna con dos palabras que deberían incomodar a cualquier operador judicial: «no habido». Carlos Alberto Mendoza, DNI 17.255.917, no habido. La propia sentencia lo nombra. Lo identifica con nombre, apellido y número de documento. El tribunal sabe quién es. El expediente sabe quién es. Y sin embargo, ese hombre que el Estado pudo individualizar con la precisión de un registro civil nunca se sentó en el banquillo de los acusados. No fue imputado, no fue indagado, no fue traído a juicio. Ni siquiera fue citado como testigo en el debate oral. Como si se tratara de un fantasma, de una sombra sin rastro, de alguien que se esfumó sin dejar huellas. Pero las huellas estaban. Estaban en el expediente desde el primer día.
La propia defensa de Malondra aportó a la causa el nombre completo de Mendoza, su número de documento, su número de teléfono celular, su domicilio particular en el Barrio Pilar partido de Pilar, y su domicilio laboral. Aportó fotografías publicadas en la web donde se lo ve firmando convenios con el municipio de La Rioja en representación de SUTEC. Aportó notas periodísticas que lo identificaban como presidente de la empresa. Aportó correos electrónicos internos de SUTEC donde empleados de la firma lo mencionaban, lo copiaban y actuaban por su indicación, con dirección de correo bajo el dominio de la empresa. Y aportó la orden de pago de la Cooperativa con la firma de Mendoza y su número de documento al pie, como constancia de haber recibido los cheques en mano.
Con todo eso sobre la mesa, la pregunta no es si Mendoza podía ser encontrado. La pregunta es por qué no lo fue. Localizar a una persona con DNI, celular, dos domicilios y presencia pública en internet no es una tarea de inteligencia criminal sofisticada. Es una diligencia básica. Es el primer paso de cualquier investigación patrimonial seria. Y en esta causa, ese paso aparentemente no se dio con la contundencia que las circunstancias exigían.
Pero hay algo todavía más grave. Los tres cheques de la Cooperativa no los cobró Mendoza en una ventanilla. Fueron endosados a nombre de Recaudadora Centenario S.A. y depositados en la sucursal Villa Crespo del Banco de la Nación Argentina. La apertura de cuenta de esa recaudadora está agregada al expediente. La empresa fue posteriormente cerrada por su vinculación con operaciones de lavado de activos. Y sin embargo, del veredicto no surge que la investigación haya reconstruido el tramo final del circuito del dinero. ¿Quién endosó los cheques a Recaudadora Centenario? ¿A nombre de quién? ¿Se peritó la firma del endoso? ¿Se cruzaron los movimientos de la cuenta de Recaudadora con otras operaciones sospechosas? ¿Se pidieron informes a la Unidad de Información Financiera? Ninguna de estas preguntas aparece respondida en la sentencia.
En una causa por defraudación, el recorrido del dinero no es un complemento de la investigación. Es la investigación. Saber quién libró los cheques es solo la mitad de la historia. La otra mitad es saber quién los cobró, adónde fue la plata y quién se quedó con ella. Sin esa reconstrucción, la condena queda sostenida sobre un edificio al que le falta una pared entera. Los indicios contra Malondra son convergentes y la jueza los valoró con rigor, pero la ausencia de Mendoza en el banquillo es un vacío que ningún indicio puede llenar del todo. ¿Actuó Mendoza solo? ¿Actuó en connivencia con Malondra? ¿Actuó con directivos de SUTEC que después lo desconocieron para cubrirse? ¿Fue Mendoza un testaferro de alguien más grande? Nada de eso se pudo determinar porque el principal beneficiario del dinero nunca fue sometido a juicio.
El resultado es una paradoja difícil de digerir: el ex presidente de la Cooperativa fue condenado por entregar los cheques, pero el hombre que los recibió, los endosó o permitió que se endosaran, y los canalizó hacia una cueva financiera que lavaba dinero, está libre, sin condena, sin juicio, sin siquiera una declaración indagatoria en esta causa. Se juzgó al que abrió la puerta pero no al que se llevó la caja.
Nueve de Julio merece saber qué pasó con esos cinco millones y medio. No solamente quién los sacó de la Cooperativa sino adónde fueron, quién se los quedó y por qué la justicia no fue a buscarlo. Porque un fantasma con DNI, teléfono, domicilio y fotos en internet no es un fantasma. Es alguien a quien nadie quiso ir a buscar. Y esa decisión de no buscar también es una forma de respuesta.
