Hay victorias que se celebran con nombre propio. Y hay victorias que se construyeron con el nombre de otro —o de otra— y que sin embargo se presentan al público como si el mérito fuera exclusivo de quien hoy ocupa el estrado.
El juicio oral que comenzó el martes 2 de junio en el Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes, ante la Dra. Claudia Esquivel, por el desvío de fondos destinados al alumbrado público de Nueve de Julio, merece ser leído con más cuidado del que permiten los flashes de la primera audiencia.
El Dr. Franco Rosello, abogado de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. y apoderado de la parte acusadora, salió a hablar antes del primer testimonio. Lo hizo con la soltura de quien siente que el resultado ya está escrito. Habló de maniobras, de cheques al portador, de firmas ilegibles, de una financiera sospechosa, de un perjuicio que hoy equivaldría a 700 millones de pesos. Todo eso es cierto. Todo eso está en el expediente. Pero lo que Rosello no dijo —quizás porque no le conviene, quizás porque simplemente no lo sabe— es que el escenario que hoy enfrenta la defensa es radicalmente distinto del que debería haber sido.
La Dra. Valentina Pappalardo Jiménez fue quien diseñó la estrategia de defensa de los imputados Omar Miguel Malondra, Carmen Castagnino y Alfredo Poggi. No fue un trabajo improvisado sino una construcción procesal minuciosa, levantada ladrillo a ladrillo durante años, con una columna vertebral que cualquier penalista reconocería como sólida: cuarenta y cinco testigos.
En un juicio donde la acusación admite que no existe documentación respaldatoria de la operación, que la firma del cobrador es ilegible y que el Banco Central ya no puede reconstruir la operatoria, la prueba testimonial no es el corazón del debate. La Dra. Pappalardo Jiménez lo entendió desde el principio. Su estrategia apuntaba precisamente allí: construir un relato alternativo sólido, controvertir cada eslabón de la cadena acusatoria, y poner en crisis una imputación que, sin documentos claros y sin un destinatario final identificable, dependía en gran medida de presunciones. Esa estrategia nunca llegó a ejecutarse.
Por qué? La Dra. Pappalardo Jiménez juró como escribana. Una decisión personal que nadie puede ni debe cuestionar. Pero ese juramento tuvo una consecuencia procesal directa e inevitable: el ejercicio simultáneo de la abogacía quedó vedado por las incompatibilidades propias de la función notarial. La letrada que había edificado la defensa debió retirarse del caso. No por negligencia. No por abandono. Por imperativo legal. Asumió entonces la Dra. Sampol y la nueva conducción tomó una decisión que, a esta altura, resulta difícil de comprender en toda su dimensión: desistió de los cuarenta y cinco testigos.
Cuando el Dr. Rosello afirma que «todo fue hecho para que no se supiera quién se llevó el dinero«, tiene razón en describir la maniobra investigada. Pero hay otra cosa que tampoco se sabe con certeza, y que el juicio debería haber podido dilucidar con mayor profundidad: si los imputados son efectivamente los responsables de ese diseño, o si son —al menos en parte— víctimas de una imputación construida sobre el vacío documental que la propia operatoria ilícita dejó, pero que no necesariamente los señala a ellos con la contundencia que la acusación pretende. Esa pregunta tenía respuesta posible. Cuarenta y cinco testigos podían haber comenzado a darla. Esa respuesta no estuvo disponible en el debate oral. No porque no existiera, sino porque la estrategia que podía articularla fue abandonada antes de llegar al estrado.
No se trata de cuestionar a la Dra. Sampol, cuyo trabajo profesional en este caso no corresponde juzgar desde estas páginas sin conocer la totalidad de los elementos que la llevaron a tomar las decisiones que tomó. Se trata de algo más simple y más importante: de no permitir que la historia se escriba con olvidos convenientes.
La estrategia que pudo haber cambiado el resultado de este juicio fue diseñada por la Dra. Valentina Pappalardo Jiménez. Fue construida con rigor, con visión procesal y con una comprensión clara de dónde estaban las debilidades de la acusación. No pudo ejecutarla porque la ley le impidió continuar. Eso no es un fracaso, es una circunstancia. Pero esa circunstancia tiene nombre, y ese nombre merece ser pronunciado.
Cuando el juicio termine y se lean el veredicto, que nadie olvide que el escenario de hoy no es el escenario que debía ser. Que hubo una arquitectura procesal de defensa que nunca llegó a desplegarse. Y que entre esa arquitectura abandonada y el veredicto final, hay una distancia que hoy nadie puede medir con certeza, pero que en su momento alguien supo calcular con precisión.
Esa alguien ya no estaba en la sala el martes. Pero estuvo antes. Y eso, también, es parte de la verdad.
Desistir de cuarenta y cinco testigos en un juicio sin documentos es como salir a jugar sin defensores: podés ganar, pero le estás regalando el partido al rival antes del pitazo inicial.
El Lobo
