En una decisión que sacudió los cimientos de los litigios internacionales, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la sentencia que obligaba a la República Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012. El fallo representa una victoria judicial sin precedentes para el gobierno argentinoy pone fin, al menos temporalmente, a la mayor amenaza financiera que pesaba sobre las arcas del Estado argentino.
El tribunal, compuesto por un panel de tres jueces, votó de manera dividida para revertir la decisión de primera instancia de la jueza Loretta Preska. Los magistrados determinaron que la interpretación previa de la ley argentina fue errónea, concluyendo que las reclamaciones por incumplimiento de contrato presentadas por los demandantes no son reconocibles bajo los códigos civiles y el derecho público de expropiación de Argentina. Esta resolución deja sin efecto una indemnización que, sumada a los intereses acumulados, ya alcanzaba los 18.000 millones de dólares, una cifra comparable a la totalidad de los préstamos recibidos por el país de organismos internacionales en años recientes.
La disputa legal se originó hace más de una década, cuando el fondo de litigios Burford Capital adquirió los derechos para demandar al Estado tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol. Los demandantes argumentaban que Argentina había violado los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones. Sin embargo, la mayoría de la Corte de Apelaciones sostuvo que los estatutos de una empresa no constituyen un contrato bilateral que permita reclamar daños de esta naturaleza ante una acción soberana de expropiación.
El presidente Javier Milei celebró la noticia calificándola como el mayor logro jurídico de la historia nacional. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que el fallo valida la estrategia de defensa del Estado y elimina un obstáculo crítico para la estabilización económica del país. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía durante la estatización en 2012, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia lo que calificó como años de mentiras sobre la legalidad del proceso soberano.
A pesar de la euforia oficialista, el conflicto legal podría no haber terminado definitivamente. Burford Capital calificó la decisión como una renuncia al rol de protección de los inversores y adelantó que analiza apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos o buscar vías de arbitraje internacional. Tras conocerse el fallo, las acciones del fondo británico sufrieron una caída estrepitosa de casi el 50% en los mercados internacionales, mientras que los activos de la petrolera estatal YPF registraron un ascenso significativo, reflejando el alivio de los inversores ante la desaparición de la contingencia millonaria.
