Una denuncia penal por violencia de género, abuso institucional y abuso de autoridad fue realizada por Vanesa Paladino, vecina, asociada y usuaria de la entidad, contra Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) por un episodio ocurrido el 8 de enero de 2026 dentro de la institución.
Según consta en la denuncia, Paladino se presentó en la Cooperativa con un reclamo concreto y legítimo: solicitar copia escrita de los reglamentos de los servicios sociales que abona mensualmente en su factura de energía eléctrica, entre ellos el servicio de sepelios, ambulancia y telemedicina.
En la mesa de entradas solo le entregaron el reglamento del servicio de sepelios y la derivaron a otra oficina para obtener el resto de la documentación. Allí, siempre de acuerdo al relato judicial, fue atendida por personal de la Cooperativa que le entregó únicamente un folleto informativo del servicio de ambulancias y le negó el reglamento del servicio de telemedicina, argumentando supuestas “instrucciones del INAES”. Ante esa negativa, la denunciante invocó su derecho a recibir información adecuada, clara y por escrito, tal como establece la Ley de Defensa del Consumidor y dejó en claro que no aceptaba explicaciones verbales.
La situación escaló cuando fue convocado el presidente de la Cooperativa. Según la denuncia, el Matías Losinno adoptó una actitud intimidante y hostil, intentó imponerle una explicación verbal y, ante la negativa de la usuaria, le arrebató violentamente la documentación de las manos, asegurando que “no le iba a dar nada”.
El episodio tomó un cariz aún más grave cuando, según la presentación judicial, el presidente desvió el reclamo hacia cuestionamientos personales, interrogándola sobre su condición política, con quién se reunía y quién la asesoraba, pese a que Paladino aclaró que se encontraba allí exclusivamente en su carácter de asociada y usuaria, sin invocar ningún rol institucional.
Siempre de acuerdo a la denuncia, el presidente utilizó su posición jerárquica y poder institucional para expulsarla de la oficina, colocándola en una situación de humillación, violencia psicológica y exclusión, configurando lo que la presentación describe como violencia simbólica e institucional con perspectiva de género.
Tras lo ocurrido, Paladino solicitó el Libro de Quejas y dejó constancia escrita del episodio. Sin embargo, denunció que fue apurada para retirarse del edificio bajo el argumento del horario de cierre, reforzando el contexto de hostigamiento y maltrato.
La denuncia solicita que los hechos sean investigados conforme a la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, y también por posibles delitos de abuso de autoridad, coacción y discriminación, alcanzando no solo al presidente de la Cooperativa sino a toda persona que pudiera resultar penalmente responsable.
El caso abre fuertes interrogantes sobre el funcionamiento interno de la Cooperativa, el acceso a la información por parte de los usuarios y el uso del poder institucional.




